300px|thumb|Carles Puigdemont anunciando al Parlamento de Cataluña el resultado del referéndum independentista. La declaración unilateral de independencia de Cataluña fue un texto político en el que se proclamó la independencia de Cataluña del Reino de España y el establecimiento de la República Catalana como un «Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social».https://verne.elpais.com/verne/2017/10/10/articulo/1507653719_231546.html Ningún Estado del resto del mundo reconoció este hecho político.
La resolución fue firmada el 10 de octubre de 2017 por la mayoría independentista del parlamento regional de Cataluña, en ausencia del resto de fuerzas políticas, tras la victoria del sí en el referéndum de independencia celebrado el 1 de octubre, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España y que, finalmente, fue declarado inconstitucional. En aquella ocasión, su eficacia fue «suspendida» por el mismo presidente de la Generalidad de Cataluña apenas 44 segundos después de su proclamación a fin de «emprender un diálogo» con el gobierno central.
El 27 de octubre de 2017, dicha declaración fue sometida a votación en el Parlamento de Cataluña y aprobada por 70 votos a favor, 2 votos en blanco y 10 votos en contra, habiendo abandonado el pleno antes de la votación los 53 parlamentarios de los partidos Ciudadanos, Partido Popular y Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
La declaración disponía la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República y el inicio del «proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante».
El Tribunal Constitucional suspendió la declaración el 31 de octubre de 2017 y dictó su inconstitucionalidad el 8 de noviembre del mismo año, al afirmar que vulneraba los artículos 23 de la Constitución española y el 29.1 del Estatuto de Autonomía catalán.El Consejo de Garantías Estatutarias da un nuevo varapalo a los independentistas. El Confidencial, 06/07/2017. Consultado el 26 de febrero de 2019.
Antecedentes La aprobación de la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad
El 6 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña, en un pleno rodeado de una fuerte polémica, aprobó la convocatoria de un Referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP. Los partidos de la oposición se negaron a votar dicha ley, excepto Catalunya Sí que es Pot que se abstuvo. De acuerdo a la ley de ese referéndum, se proclamaría la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el "sí" obtenía más votos que el "no", sin requerir una participación mínima.
Dos días después, el Parlamento de Cataluña aprobó también la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana, que entraría en vigor si se proclamaba la independencia, convirtiéndose en la norma suprema del ordenamiento jurídico de la Cataluña independiente mientras no se aprobara la Constitución de la República.
Ambas leyes fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional tras los recursos presentados por el Gobierno de España. A pesar de la suspensión, Carles Puigdemont, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, ignoró dicha suspensión y afirmó que esas leyes seguían vigentes.
Referéndum sobre la independencia
A pesar de encontrarse suspendido por el Tribunal Constitucional, el referéndum se celebró, sin ninguna garantía legal, el día 1 de octubre de 2017, consiguiendo según la Generalidad de Cataluña un 90 % de votos favorables a la independencia con un 43 % de participación. En el referéndum, los partidos contrarios a la independencia llamaron a no participar en el mismo por considerarlo ilegal.
Los resultados fueron ampliamente cuestionados tanto por las irregularidades detectadas durante el proceso, como por la falta de ratificación por un órgano independiente.
Entre las numerosas irregularidades detectadas el día del referéndum, se encuentra gente que votó varias veces o votos de extranjeros no incluidos en el censo. También se detectó el transporte de urnas sin precintar conteniendo votos en su interior, así como urnas en la calle en las que cualquier ciudadano sin ningún control censal podía depositar votos. Igualmente el gobierno español denunció que se cambiaron las reglas del referéndum 45 minutos antes del inicio de la votación. Entre las nuevas normas, se incluyó un censo universal con el que cualquier ciudadano podía votar en cualquier centro, aunque no fuera el que tenía asignado. También se aceptaron papeletas caseras no oficiales y votos sin sobre.
La validez del referéndum no ha sido reconocida ni por el Gobierno de España ni por la Unión Europea. Ningún país ha reconocido a la autollamada «república catalana».Ningún país reconoce la republica catalana, sólo Kosovo se lo piensa La misión de observadores internacionales concluyó que el referéndum no cumplió los estándares internacionales. Además, según un sondeo realizado por Metroscopia, el 61% de los catalanes consideraba antes de la celebración del referéndum que el mismo no podría ser considerado válido internacionalmente.
Traslado de sedes sociales
Tras la celebración del referéndum del 1 de octubre y el anuncio durante los días siguientes por parte de la Generalidad de que se aplicaría el resultado y se proclamaría la independencia, los empresarios catalanes expresaron su «máxima preocupación» y alertaron sobre las graves consecuencias económicas que tendría una declaración de independencia unilateral, «que sumiría al país en una situación extraordinariamente compleja y de consecuencias desconocidas pero, en cualquier caso, muy graves». Igualmente el sector hotelero alertó de las fuertes caídas de la reserva de habitaciones a causa del proceso independentista.
Pocos días después los principales bancos con sede en Cataluña decidieron trasladar sus sedes sociales fuera de la comunidad para evitar la fuga de depósitos debido a la inseguridad jurídica que crearía una declaración de independencia. Esa decisión fue seguida por numerosas empresas con sede en Cataluña, que sin esperar a una declaración de independencia, decidieron trasladar sus sedes sociales fuera de la comunidad. Tras la declaración de independencia realizada por Carles Puigdemont, a pesar de carecer de efectos jurídicos, la fuga de empresas que deciden cambiar sus sede se convirtió en masiva. El día después de la declaración de independencia, el Museo de Arte Contemporáneo - Castillo de Montsoreau anunció que repatriaría su colección de obras de Art & Language previamente depositadas en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) desde 2010. Igualmente el miedo se extiende a pymes y ahorradores, que debido a la incertidumbre deciden llevarse su dinero a oficinas bancarias fuera de Cataluña.
La declaración y suspensión de la independencia del 10 de octubre thumb|300px|El president Carles Puigdemont dirigiéndose a los diputados del Parlamento de Cataluña el 10 de octubre de 2017. A pesar de la falta de garantías del referéndum del 1 de octubre y del cuestionamiento de los resultados, el día 10 de octubre de 2017, el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, en una intervención en el Parlamento de Cataluña para dar a conocer los resultados del referéndum, declaró asumir «el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», para acto seguido proponer que «el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». Había pasado menos de un minuto entre la proclamación y la suspensión de la independencia. El formato empleado para expresar el mensaje llevó a algunas iniciales confusiones sobre si efectivamente había declarado la independencia o no.La prensa internacional rebaja la DUI a una declaración de intenciones, El Confidencial, 10/10/2017.La CUP ve "tocada" su confianza en Puigdemont al no proclamar la DUI, El Confidencial, 11/10/2017.Sabriá (ERC): "La independencia de Cataluña está clarísimamente declarada", El Confidencial, 13/10/2017.Xuclà: "No hubo declaración unilateral de independencia", El Confidencial, 12/10/2017.La CUP pide por carta a Puigdemont que proclame la república catalana, El Confidencial, 13/10/2017.
La noche anterior el expresidente Artur Mas se había entrevistado con Puigdemont para pedirle que no declarara la independencia y que en su lugar convocara elecciones, una opinión que era compartida por la coordinadora del PDeCAT Marta Pascal y por el consejero, también del PDeCAT, Santi Vila, que también presionaron a Puigdemont en el mismo sentido. También pesaron en la decisión final de Puigdemont de declarar la independencia e inmediatamente suspenderla las advertencias de la Unión Europea y el mensaje del presidente de la Unión Donald Tusk quien le pidió que no diera ningún paso que fuera «irreversible» para el diálogo. Otro elemento que probablemente tuvo en cuenta Puigdemont fue la fuga de empresas de Cataluña iniciada tras el triunfo del SÍ en el referéndum.
Al parecer fue Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, quien redactó parte del discurso y también la frase en la que se declaraba y a continuación suspendía la independencia. Por su parte Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya se mostró muy enfadada por el modo en que se había gestado la suspensión. Por otro lado, el líder de la CUP Quim Arrufat afirmó: «El president nos dijo que no tocaba declarar la República y que aparecieron mediadores internacionales». Sin embargo nunca hubo nada concreto según declaró un alto dirigente del PDeCAT.
Tras levantar la sesión la presidente del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, los diputados de las dos formaciones independentistas que contaban con la mayoría absoluta en la cámara, Junts pel Sí y la CUP, firmaron en una sala anexa al hemiciclo el documento que proclamaba la República Catalana como Estado independiente y pedía su reconocimiento internacional. Sin embargo, dicho documento ni se votó ni se registró en el Parlamento, por lo que carecía de validez jurídica, como así lo reconoció Puigdemont unos días más tarde.
Activación del artículo 155 de la Constitución española
Al día siguiente, el Gobierno de España hizo un requerimiento al presidente Puigdemont para que aclarase si efectivamente había declarado la independencia, como paso previo a la intervención estatal de la autonomía según el artículo 155 de la Constitución. También hizo una oferta —consensuada con el PSOE— para revaluar la situación de Cataluña en España y reformar en caso necesario la Constitución. El requerimiento del Gobierno constaba de dos plazos límite, uno hasta el 16 de octubre en el que debería aclarar con un simple «Sí» o «No» si había declarado él o alguna autoridad catalana la independencia de Cataluña y otro plazo de tres días más, hasta el 19 de octubre, para rectificar su actitud en caso de que no respondiese al requerimiento o la respuesta fuese afirmativa. Cumplido el primer plazo, el Presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont respondió al requerimiento de una forma ambigua, sin dejar claro si había o no declarado la independencia, por lo que el Gobierno activó el segundo plazo del requerimiento. En su nueva respuesta, Puigdemont avisó de que, si el Gobierno aplicase el artículo 155 de la Constitución, el Parlamento votaría la independencia. El Gobierno consideró que la respuesta no era la que se la había pedido y la consideró además una amenaza, por lo que anunció que continuaría con la aplicación del 155.
La jornada del jueves 26 de octubre: ¿elecciones o DUI? Según el periodista Oriol March «aquel jueves fue, probablemente, el día más impredecible desde que empezó el proceso catalán en el año 2012».