El sufragio femenino durante la Segunda República española fue el resultado de esfuerzos que se remontan a mediados del . Las mujeres y los hombres que trabajaban por el sufragio universal tuvieron que combatir las metas feministas de periodos anteriores que priorizaban otros objetivos sociales, tales como el acceso a la educación, políticos, tales como el derecho de la mujer al voto y la igualdad de salarios. A medida que se desarrolló una clase media y las mujeres fueron teniendo mayor acceso a la educación, comenzaron a centrarse más en el tema del sufragio, aunque a menudo vinculado a filosofías ideológicas específicas y no a un movimiento obrero más amplio que trabajara a favor de la emancipación de las mujeres.
Entre 1877 y 1930 hubo varios intentos por otorgar a las mujeres el derecho al voto. La Dictadura de Primo de Rivera vería un período de dos años en el que las mujeres pudieron votar, entre 1924 y 1926. Sin embargo, al pasar de la elección de los miembros del congreso a la designación de un gobierno, al final no se celebraron elecciones en este período y las mujeres nunca acudieron a las urnas. También hubo intentos fallidos de otorgar el sufragio femenino en 1877, 1907, 1908 y 1918. A pesar de ello, la real cédula de Primo de Rivera y los argumentos esgrimidos en ese período tendrán gran influencia en el debate del período venidero.
La Segunda República vería a las mujeres conseguir la emancipación total, incluido el derecho al voto, el 1 de octubre de 1931. Las mujeres acudieron a las urnas solo en dos ocasiones: el 2 de noviembre de 1933 y nuevamente en 1936. El derecho al voto llegó tras la aprobación de la constitución, después de las elecciones de junio de 1931. Ambos bandos del movimiento sufragista tenían mujeres representando sus causas en uno de los mayores duelos entre parlamentarias españolas. Clara Campoamor Rodríguez representaba a quienes abogaban por la plena emancipación de la mujer, mientras que la izquierdista Victoria Kent Siano argumentó que el voto femenino, en el estado actual de la república, sería un riesgo que beneficiaría a la derecha. Campoamor defendió que el acceso de las mujeres a las urnas era una obligación ética del Congreso y que las españolas se lo habían ganado después de haber luchado durante mucho tiempo por la República. Kent, por su parte, defendió que las mujeres aún no estaban listas para votar ya que no estaban lo suficientemente educadas para tomar una decisión informada, y que se someterían a los deseos de sus esposos y de la iglesia. La posición en contra fue apoyada por los conservadores, aunque estos tenían diferentes razones para resistir el sufragio femenino.
Tras la victoria de Francisco Franco en la guerra civil española, ni mujeres ni hombres podrían votar en las elecciones nacionales hasta 1977, dos años después de su muerte.
Preludio de la Segunda República (1800 - 1922) Las mujeres españolas no tenían el mismo estatus como ciudadanas que los hombres desde 1800 hasta 1931. Las solteras disfrutaban de algunos derechos legales más que sus pares casadas una vez que alcanzaban los 23 años de edad. En ese momento, las mujeres solteras podrían celebrar contratos y administrar negocios en nombre propio. Las mujeres casadas necesitaban la aprobación o la participación de sus maridos para emprender asuntos tales como cambiar de dirección, aceptar una herencia o ser Propietarias de algún inmueble o negocio. Durante este periodo, ninguna mujer tenía derecho a votar ni a postularse para cargos políticos. El catolicismo jugaba un papel muy importante en el pensamiento político español del y principios del . La religión imponía estrictos roles de género, lo que llevó a la represión de las mujeres españolas y fomentó un sexismo muy arraigado en toda la sociedad española. La sociedad, a través de la Iglesia Católica, dictaba que el papel de la mujer era casarse y tener hijos. Las violaciones de estas normas a menudo eran recibidas con violencia.
El sufragio masculino casi universal en España data tan solo de 1890. La primera votación relacionada con el sufragio femenino tuvo lugar en mayo de 1877, cuando siete diputadas conservadoras del congreso, sugirieron otorgar el derecho al voto a las mujeres si eran mayores de edad, cabezas de familia que ejercieran la patria potestad. Esta iniciativa fracasó y no se revisó hasta más de 30 años después.
El sufragio comenzó a plantearse en publicaciones femeninas en lugares como Valencia, Islas Baleares y Barcelona desde finales de la década inicial del hasta principios de los años 30, pero a menudo formaba parte de una demanda de emancipación femenina a través de la educación y de cambios más amplios en las leyes para proteger los cambios sociales a medida que las mujeres se fueron incorporando cada vez más al mercado de trabajo. Benita Asas Manterola, Pilar Fernández Selfa, Carmen González Bravo y Joaquín Latorre fueron algunas de las voces más importantes de los periódicos al respecto. En general, los movimientos feministas estaban mucho más preocupados por brindar a las mujeres una educación que fuera equitativa con la de los hombres que en garantizar el derecho al voto. Mujeres como Belén Sárraga y Ana Carvia crearon la Asociación General Femenina en 1897, mientras otras mujeres crearon La Unión Femenina en 1895 en Huelva, La Federación Provincial en 1898 en Málaga e Hijas de la Regeneración ese mismo año en Cádiz. Estas asociaciones conseguirían que las mujeres tuvieran derecho a asistir a la universidad y que dicho derecho fuera reconocido por el Ministerio Público en 1910.
Durante este período, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no tenía mucho interés en abordar los derechos de las mujeres porque consideraban que ese movimiento era de carácter burgués. Querían centrarse en la organización sindical. Esto no difería mucho del movimiento socialista internacional, que siempre tuvo problemas con el feminismo y los derechos de las mujeres. El Congreso Socialista Internacional, Stuttgart 1907 emitió una declaración a favor del sufragio femenino, pero decía que el movimiento debía provenir del proletariado. El apoyo condicional se debió a que los hombres creían que los derechos de las mujeres solo deberían venir después del sufragio universal masculino, y que incluir el sufragio femenino de manera más abierta obstaculizaría sus esfuerzos. La mención (aunque limitada) se produjo como resultado de la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se estaba celebrando simultáneamente en el mismo edificio.
Por un breve periodo de tiempo en julio de 1907, el presidente del Congreso, Antonio Maura, había discutido la posibilidad de otorgar a las mujeres el derecho al voto bajo determinadas condiciones, entre las que estaba que fueran viudas, cabeza de familia y pagaran sus impuestos. A pesar de contar con el apoyo de la izquierda y los republicanos, los esfuerzos de Maura resultaron infructuosos incluso limitándolo al caso del estado de cabeza de familia y sin posibilidad de que las mujeres se postularan para un cargo; la mayoría conservadora no percibía una necesidad social apremiante de dar a las mujeres el voto, mientras que existían problemas más importantes como una guerra con Marruecos estaban en el horizonte, junto con una recesión económica.
Un año más tarde, el conde de Casa-Valencia, esta vez en el Senado, con el apoyo de Francisco Pi y Arsuaga en el Congreso, volvería a insistir. El intento de 1908 no estuvo sometido a las restricciones que Maura había estado dispuesto a aceptar para conseguir su aprobación. Habría permitido votar a todas las mujeres mayores de 23 años. A diferencia del intento de 1907, la votación de 1908 se quedó a unos pocos votos de ser aprobada. Según Concha Fagoaga, por primera vez, quienes hablaron en contra del sufragio femenino argumentaron que conduciría a resultados políticos desastrosos y que las mujeres estarían demasiado influenciadas por la Iglesia. Esta era la primera vez que una mujer planteaba estor argumentos, y pronto serían retomados por otras. Carmen de Burgos escribía en un periódico de aquel año del debate parlamentario de 1908, “mientras los ingleses luchan endiabladamente por sus ideales cívicos, mientras los franceses tratan de legislar la garantía de su egoísmo, mientras los rusos saben cómo morir protestando contra la tiranía, los españoles quedamos indiferentes a todo.” Margarita Nelken escribió en El Fígaro en su momento que "poner el voto en manos de las mujeres es hoy, en España, realizar uno de los mayores anhelos del elemento reaccionario para que las mujeres españolas, realmente amantes de la libertad, sean las primeras en aplazar su propio interés por el progreso de España". Nelken no creía que las mujeres españolas estuvieran preparadas para votar ya que no tenían la educación suficiente para hacerlo, posición que mantuvo durante más de 25 años. El tema del sufragio volvió a surgir en 1919, con Manuel de Burgos y Mazo, un legislador conservador, planteándolo en el Congreso, con el objetivo de presentar una legislación para votar sobre el derecho al voto de las mujeres. Sin apoyo, su iniciativa ni siquiera se sometió a votación, aunque inspiraría a las feministas durante los siguientes dos años. Posteriormente se presentó una petición ante la Cámara en 1919 para que el Parlamento abordara nuevamente el tema del sufragio femenino. En febrero de 1920 Progreso de la Mujer de Valencia también creó una petición para que se considerara el asunto. La Cruzada de Mujeres Españolas, encabezada por Carmen de Burgos, volvería a intentar que el parlamento abordara el tema, otorgando igualdad en el voto y en derechos civiles y políticos más amplios.
La Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME) fue fundada en 1918. Encabezada por María Espinosa, hizo campaña a favor del derecho al voto de las mujeres. La Unión Republicana Femenina fue creada por Clara Campoamor para abogar por el sufragio femenino en España. Campoamor, María Lejárraga y Regina García establecieron la Fundación de la Mujer para abogar por la igualdad jurídica de las mujeres en España durante la Segunda República. Su argumento a favor de que las mujeres tuvieran derecho al voto se basaba en gran medida en motivos ideológicos.
A partir de la década de 1920, los intentos de las mujeres por obtener el derecho al voto se intensificaron como parte de un movimiento occidental más amplio en el que las mujeres exigían la igualdad de derechos. Estos intentos fueron posteriores a los de otros países occidentales como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña porque el feminismo en España no surgió como un movimiento poderoso hasta mucho más tarde como resultado de un retraso en el surgimiento de la clase media en España. El sufragio como tema de este grupo feminista desaparecería en gran medida entre 1918 y 1931, ya que las mujeres se centraron más en los cambios sociales que en sus objetivos políticos.
La socialista Lidia Falcón consideraba que la posición de los hombres socialistas disuadiría a las mujeres de adherirse al partido, o daría como resultado que solo se unieran mujeres que creían en el servilismo hacia los hombres. Falcón sostenía además que esta posición convertiría a las feministas en enemigas del partido, algo que surgió en 1921, cuando los hombres socialistas decidieron para cualquier intento de promover los derechos de las mujeres porque no creían que fuera el momento de presionar por reformas electorales.
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) La limitada actividad política de las mujeres que hubo en el período pre-republicano fue espontánea y no planificada. Aunque a menudo también fueron ignoradas por los líderes políticos masculinos de izquierda, sus disturbios y protestas dieron lugar a una mayor conciencia política de la necesidad de que las mujeres fueran más activas en las esferas social y política para promulgar cambios que mejoraran sus vidas.