La pandemia de COVID-19 en España tuvo su primer caso confirmado en la Comunidad de Madrid, el día 25 de febrero de 2020.

Línea de tiempo La confirmación de que por primera vez la pandemia había llegado a la región, y al país, fue el 25 de febrero de 2020 con el resultado positivo de un hombre de 24 años que había estado en Italia. Cuando comenzó la pandemia, la región tenía 540 UCI disponibles y aproximadamente 14000 camas de hospital.

El día 9 de marzo de 2020, el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó medidas extraordinarias, entre ellas la cancelación (a partir del 11 de marzo) de las clases presenciales en todos los niveles educativos por un periodo inicial de 15 días, hasta el 26 de marzo, fomentando en su lugar lecciones en línea en la medida de lo posible.

El 13 de marzo de 2020 decretó el cierre de bares, restaurantes y comercios «no alimentarios» (permitiendo únicamente la apertura de supermercados y farmacias). Mientras, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma en todo el país por un período inicial de 15 días de acuerdo con el artículo 116.2 de la Constitución.:

El 12 de marzo la administración regional anunció la contratación de Antonio Burgueño como asesor. Burgueño había sido anteriormente director general de Hospitales con Manuel Lamela, Juan José Güemes y Javier Fernández-Lasquetty, y había tenido que dejar el cargo después de que la Justicia bloqueara el intento de este último de privatizar aún más el sistema sanitario.

El 23 de marzo el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobó en una reunión extraordinaria el gasto de urgencia de 23,3 millones de euros para la adquisición y transporte de material sanitario desde China para los hospitales de Madrid. Durante los siguientes meses, la Comunidad de Madrid fletó 24 aviones procedentes de China cargados con más de 2000 toneladas de material sanitario para abastecer a los hospitales madrileños durante la pandemia.

Ante la saturación de los servicios hospitalarios, se medicalizaron hoteles en Madrid para los pacientes leves. Para poder aliviar la sobrecarga de los hospitales, en tan solo 48 horas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con el Ministerio de Sanidad y la Unidad Militar de Emergencias, levantó el Hospital de IFEMA en el recinto ferial de IFEMA. Con de superficie, se habilitaron 5500 camas para pacientes hospitalizados y en ucis infectados por COVID-19. Hasta su cierre el 1 de mayo, atendió a unas 4000 personas.

Durante el punto álgido de la crisis (de mediados de marzo a mediados de abril aproximadamente), la administración regional llevó a cabo un proceso de triaje que, en su primera versión, negaba el traslado a la red de hospitales públicos de personas mayores en condiciones extremas desde las residencias de ancianos. La misma semana de su aprobación, la Consejería de Sanidad corrigió la directriz inicial, que no se había llegado a aplicar, para contemplar la evaluación clínica de personas mayores con «criterio de fragilidad igual o mayor de siete» ante un posible caso de coronavirus para después determinar si se las trasladaba a un centro hospitalario. Además, el triaje no se impuso a las clínicas y hospitales privados, lo que permitía trasladar allí a personas enfermas en posesión de un seguro de salud privado, a pesar de que el consejero de salud regional, Enrique Ruiz Escudero, había asumido el mando del sistema de salud privado el 12 de marzo. El proceso de triaje fue tildado por la oposición como «protocolos de la muerte» y ha sido objeto de fuertes críticas dado que los fallecidos no recibieron asistencia paliativa.

Ante la situación en las residencias el 19 de marzo el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, dirigió una petición al Gobierno de España solicitando la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las residencias de mayores. Fue inmediatamente desautorizado por Isabel Díaz Ayuso, quien esgrimió en contra que «Esta petición no sirve porque el Ejército no tiene capacidad para enviar médicos sanitarios». Reyero fue apartado de la dirección política de las residencias de ancianos siete días después, el 26 de marzo. Inmediatamente después el Gobierno regional encomendó a Encarnación Burgueño —hija del propio Antonio Burgueño y propietaria de Cardio Líder— la gestión de la crisis de las residencias, la llamada «Operación Bicho» a partir del 26 de marzo, que intentaría dar una atención a los cerca de 50000 ancianos internados en residencias. Doce días después, el 6 de abril (el mismo día que se hizo pública la información sobre la contratación de la hija de Burgueño), la Operación Bicho fue abortada. Durante ese período murieron más de 3.000 ancianos. Según Burgueño la situación el 4 de abril era correcta, como supuestamente le escribió a un colaborador cercano: «Llevamos en torno a 8.700 abueletes vistos... Como sigamos así nos vamos a hacer los reyes y los amos de la gestión sociosanitaria de Madrid».

El 31 de marzo de 2020, dos semanas después de que se hiciera pública la muerte de 19 personas mayores en una residencia de ancianos de Monte Hermoso, la administración regional decidió intervenir ocho residencias de ancianos privadas (incluida la anterior), desbordadas por el avance de la pandemia.

La sede de la legislatura regional, la Asamblea de Madrid, permaneció cerrada durante más de un mes, hasta que se reanudaron las sesiones el 14 de abril. A partir de ese día la coalición de gobierno de PP y Ciudadanos mostró discrepancias en el manejo de las residencias de mayores. Del 8 de marzo al 14 de abril, casi 5.000 personas mayores murieron en residencias de la región (781 casos confirmados y 4.172 con síntomas compatibles).

El 7 de mayo de 2020 dimitió la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, en protesta por la decisión del gobierno regional de solicitar una flexibilización de las restricciones de confinamiento. Fue sustituida por Elena Andradas, quien entre 2015 y 2018 había ocupado en el Ministerio de Sanidad la dirección general de Salud Pública, Calidad e Innovación, del que dependía, entre otros organismos, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

El 1 de junio de 2020, Alberto Reyero (de Ciudadanos), consejero responsable de las residencias de mayores, declaró haber pedido hasta tres veces a la Consejería de Sanidad (dirigida por Enrique Ruiz Escudero, del PP) que permitiera el traslado de personas mayores a hospitales (22 y 31 de marzo, 11 de abril), sin éxito. Desde la Consejería de Sanidad respondieron que el Summa 112 había trasladado a más de 9.600 residentes a hospitales desde el inicio de la pandemia y que habían medicalizado 232 residencias a través de 633 intervenciones por parte de profesionales de Atención Primeria y 27.966 por parte de equipos de hospitales. También dijeron que se habían facilitado 2.960 concentradores de oxigenoterapia en las residencias y 173.938 unidades de medicamentos.

El 18 de septiembre, tras aumentar el número de casos en la Comunidad, el Gobierno autonómico decidió aplicar restricciones de circulación en diversas zonas del territorio, especialmente en el sur. Estas medidas no fueron bien recibidas en las zonas restringidas. Varias asociaciones vecinales y otras personalidades políticas convocaron manifestaciones denunciando la falta de inversión y pidiendo la dimisión de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

El 26 de septiembre anunció su dimisión Emilio Bouza, portavoz del grupo COVID-19 de la Comunidad de Madrid y exjefe de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón, apenas dos días después de su nombramiento. Ese mismo día, Yolanda Fuentes publicó un mensaje de apoyo acompañado del célebre fragmento de Titanic en el que los músicos siguen tocando mientras el barco se hunde.

El 1 de octubre, tras conversaciones infructuosas entre el Gobierno de España y el gobierno autonómico, el Ministerio de Sanidad anunció la imposición de restricciones en las diez ciudades más pobladas de la región. La presidenta Ayuso acusó al Gobierno de «usurpación de funciones», aunque dijo que acataría las restricciones e impugnaría en los tribunales.

Dos días después, el 3 de octubre, Alberto Reyero anunció su dimisión como consejero de Políticas Sociales, pidiendo «unidad de las instituciones» frente al virus. Le sustituyó el que había sido hasta entonces su viceconsejero, Javier Luengo.

El 8 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denegó la ratificación judicial de las restricciones de movilidad impuestas por el Ministerio de Sanidad en los municipios más poblados de la Comunidad. El tribunal consideró que las medidas impuestas «constituyen una injerencia de los poderes públicos en los derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare, es decir, no autorizada por sus representantes en las Cortes Generales, por lo que no puede ser ratificada».

El 9 de octubre, tras nuevas discrepancias, el Gobierno de España aprobó el estado de alarma para la Comunidad de Madrid.

El 20 de octubre de 2020 dimitieron la gerente de atención primaria, Marta Sánchez-Celaya, y la gerente de hospitales del Ejecutivo regional, Bárbara Fernández. Las sustituyeron Sonia Martínez Machuca, hasta entonces directora asistencial de la zona este de primaria, y Antoni Juan Pastor, un especialista en medicina interna que había trabajado previamente en la Dirección Asistencial del Instituto Catalán de Salud.

El 1 de diciembre de 2020, Ayuso inauguró el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, un centro de emergencias construido en un tiempo récord de cuatro meses. Este recinto sanitario adquirió relevancia en la tercera ola que tuvo lugar a finales del mes siguiente, convirtiéndose en el hospital con más pacientes enfermos de COVID-19 en España.

Reacciones miniaturadeimagen|alt=Manifestación reivindicando la dignidad en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid|Manifestación reivindicando la dignidad en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid Tras conocerse el proceso de triaje, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología defendió en junio de 2020 que el sentido de los protocolos aplicados en las residencias durante la pandemia había sido «malinterpretado» y «tergiversado» por grupos de interés «variopinto», ya que los mismos no prohibían de forma sistemática el traslado de personas mayores a los hospitales, señalando que por aquel entonces se habían realizado unas 10.300 derivaciones. También explicó que cuando se rechazaba la derivación de personas mayores era porque no iban a tener un pronóstico vital favorable, y que los hospitales se encontraban muy saturados por lo que buscaban atender a pacientes que tuvieran mayores probabilidades de beneficiarse de su tratamiento.

Ese mismo mes, diez sociedades médicas españolas emitieron un comunicado conjunto en el que respaldaban los criterios clínicos y éticos utilizados en los protocolos de atención y derivación de pacientes durante la pandemia del COVID-19. El comunicado está firmado por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG) y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).