El Partido Progresista fue un partido político liberal-progresista español del . El partido surgió hacia 1835 durante la Regencia de María Cristina de Borbón entre los liberales «exaltados» que defendían las reformas emprendidas por el gobierno presidido por Juan Álvarez Mendizábal, pero su nacimiento formal no se produjo hasta junio de 1838. Durante el reinado efectivo de Isabel II solo gobernó dos años (el Bienio Progresista, 1854-1856), bajo la jefatura del general Espartero, al que sucedió el general Prim, lo que lo convirtió en el principal protagonista de la Revolución de 1868 que puso fin a la Monarquía de Isabel II y que inició el Sexenio Democrático. En octubre de 1869, integró a los «cimbrios» (demócratas monárquicos que provenían del Partido Democrático, surgido a su vez de una escisión de 1858 del Partido Progresista) y se convirtió en el Partido Radical.
Tras el asesinato del general Prim en diciembre de 1870, durante el reinado de Amadeo I el partido sufrió una escisión moderada, encabezada por Práxedes Mateo Sagasta. El Partido Radical seguiría liderado por Manuel Ruiz Zorrilla y conformado en parte por los «cimbrios» (demócratas monárquicos) de Cristino Martos. La escisión moderada se uniría a principios de 1873 a la Unión Liberal del general Serrano para formar el Partido Constitucional.
Historia El nacimiento del partido y la Revolución Liberal (1835-1840)
Su antecedente más inmediato se sitúa en los liberales exaltados del Trienio Liberal. Fue fundado hacia 1835 por los liberales que se oponían al régimen de carta otorgada del Estatuto Real de la regente María Cristina de Borbón —que no reconocía el principio de la soberanía nacional— y que sobre todo defendían las reformas que había puesto en marcha el gobierno del «exaltado» Juan Álvarez Mendizábal, que había sido llamado por la regente a presidir el Consejo de Ministros en septiembre de 1835 tras las revueltas liberales que se produjeron aquel verano. Por eso inicialmente fueron conocidos como «mendizabalistas». Defendían la restauración de la Constitución de 1812 como alternativa al Estatuto Real pero, como los antiguos «exaltados» del Trienio Liberal Joaquín María López o Fermín Caballero, proponían su reforma porque consideraban que era reglamentista y que establecía una rígida división de poderes.
Por eso cuando en agosto de 1836 el motín de los sargentos de La Granja obligó a la regente María Cristina a restablecer la Constitución de 1812 —y a formar un nuevo gobierno progresista presidido esta vez por José María Calatrava aunque con Mendizábal como «hombre fuerte» ocupando el Ministerio de Hacienda— los progresistas propusieron en las nuevas Cortes la reforma de la Constitución de Cádiz, lo que dio nacimiento a la nueva Constitución de 1837. Según los líderes progresistas —entre los que, además de Calatrava y Mendizábal, se encontraban Agustín de Argüelles, Vicente Sancho y Salustiano de Olózaga— la Constitución era un intento de consenso con los moderados que les permitiera alternarse en el poder sin necesidad de modificarla cada vez que hubiera un cambio de gobierno.
Para ello los progresistas hicieron concesiones importantes a los moderados en la Constitución de 1837 a pesar de poseer la mayoría en las Cortes: renunciar a que el principio de la soberanía nacional —la principal diferencia entre progresistas y moderados, ya que estos últimos defendían la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes— apareciera en el preámbulo pero no en el articulado; aceptar que la Corona además de detentar el poder ejecutivo tuviera derecho de veto sobre las leyes aprobadas por las Cortes y la facultad de disolverlas y convocar nuevas elecciones; abandonar el unicameralismo de la Constitución de 1812 estableciendo un Senado nombrado por el rey entre una terna designada por los electores de cada provincia —según Jorge Vilches, el objetivo [del Senado] era, además de «aliviar la rígida separación de poderes que caracterizó a la Constitución de 1812», «dar mayor participación a los intereses conservadores de la sociedad y a la Corona, consiguiendo así la integración política de los elementos persistentes del Antiguo Régimen en el Estado constitucional; sacar del articulado el sistema electoral, por lo que moderados y progresistas podrían ampliar o reducir el sufragio censitario que ambos partidos compartían, y también el régimen municipal, aunque los progresistas pusieron en la Constitución que la elección de los ayuntamientos debía ser popular». Sin embargo, los progresistas se acogieron a la mayoría que tenían en la Cámara para que la Constitución recogiera los derechos individuales y sus garantías, la Milicia Nacional y el jurado para los delitos de imprenta, tres cuestiones que los moderados rechazaban. «De este modo, la Constitución de 1837 fue, por su capacidad integradora de actores políticos e ideas, la legalidad común que podía unir a los liberales».
El nacimiento formal del Partido se produjo en junio de 1838 cuando los parlamentarios de adscripción ideológica «progresista» decidieron seguir el ejemplo de los moderados, que tan buenos resultados les había dado en las elecciones de 1837 bajo el impulso de Andrés Borrego, y formaron un partido de notables con una estructura organizativa basada en comités provinciales, aunque éstos sólo funcionaran en época electoral, durante la cual se presentarían con una misma identificación y con un mismo programa.
La Regencia de Espartero (1840-1843) La idea de la alternancia pacífica en el poder entre moderados y progresistas sustentada en la Constitución de 1837 se frustró cuando el gobierno moderado de Evaristo Pérez de Castro presentó un proyecto de Ley de Ayuntamientos en el que el nombramiento del alcalde correspondía al gobierno que lo escogería entre los concejales electos, lo que, según los progresistas, era contrario al artículo 70 de la Constitución («Para el gobierno de los pueblos habrá Ayuntamientos nombrados por los vecinos a quienes la ley conceda este derecho»), por lo que los progresistas recurrieron a la presión popular durante el debate de la ley —en una de las sesiones desde las tribunas del hemiciclo del Congreso de los Diputados se gritó e insultó a los diputados moderados— y, cuando la ley fue aprobada sin admitir sus enmiendas, optaron por el retraimiento y abandonaron la Cámara, con lo que cuestionaron la legitimidad a las Cortes. Inmediatamente los progresistas iniciaron una campaña para que la regente María Cristina no sancionara la ley bajo la amenaza de no acatarla y cuando vieron que la regente estaba dispuesta a firmarla dirigieron sus peticiones al general Baldomero Espartero, el personaje más popular del momento tras su triunfo en la primera guerra carlista y que se mostraba más próximo al progresismo que al moderantismo, para que evitara la promulgación de esa ley contraria al «espíritu de la Constitución de 1837».
La alianza con el general Espartero no duró mucho tiempo a causa de su forma personalista de gobernar, por lo que los progresistas se unieron a los moderados para poner fin a la Regencia de Espartero y proclamar la mayoría de edad anticipada de Isabel II. Pero tras la marcha al exilio de Espartero de nuevo se frustró la idea de la alternancia en el poder de los dos partidos liberales que apoyaban la Monarquía de Isabel a causa de la maniobra de los moderados para echar de la presidencia del gobierno al progresista Salustiano de Olózaga —le acusaron de haber forzado a la reina de trece años para que firmara los decretos de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones— y sobre todo porque los moderados aprovecharon el retraimiento de los progresistas en las elecciones para reformar la Constitución de 1837 dando nacimiento en 1845 a una Constitución completamente nueva hecha a su medida ya que no recogía en absoluto ninguna de las ideas progresistas.
La década moderada (1844-1854) A mediados de los 40 del apareció en el seno del partido un sector democrático encabezado por José María Orense, Nicolás María Rivero y José Ordax Avecilla, cuya principal reivindicación era que el progresismo defendiera el sufragio universal frente al sufragio censitario. En el debate a que dio lugar la propuesta, el sector mayoritario encabezado por Manuel Cortina afirmó la lealtad del partido con la Monarquía Constitucional, lo que no impedía que continuaran rechazando la Constitución de 1845, y descartó la propuesta de la implantación inmediata del sufragio universal — objetivo que habría que dejar para más adelante cuando el pueblo hubiera alcanzado el nivel de educación y de bienestar que hicieran posible su participación política directa.
El debate fue interrumpido por el estallido de la Revolución de 1848 en Francia y en toda Europa, que cada parte interpretó de acuerdo a sus convicciones. Para el sector demócrata la caída de la Monarquía y la proclamación de la República en Francia reforzaba su propuesta, lo que les hizo decantarse claramente por la forma de gobierno republicana, mientras que para los progresistas los desórdenes y las revueltas les confirmaron su idea de que la extensión del sufragio universal debía hacerse poco a poco. Tras el verano el debate se reanudó con el resultado del triunfo de las posiciones progresistas «históricas» por lo que el sector demócrata decidió hacer público el «manifiesto de la fracción progresista democrática» que se considera el nacimiento del Partido Demócrata. Lo publicó el diario El Siglo, el 8 de abril de 1849.
El bienio progresista (1854-1856) y los gobiernos de la Unión Liberal (1856-1863) Durante el bienio progresista (1854-1856) el progresismo quedó dividido en dos. Los progresistas «templados» encabezados por Manuel Cortina se integraron en la coalición gubernamental de unión liberal formada por ellos y por los moderados «puritanos», mientras que los progresistas que se denominaron «puros» encabezados por Salustiano de Olózaga presentaron candidaturas propias a las elecciones de 1854 y tendieron a la alianza con los demócratas. Cuando finalizó el bienio los templados, que fueron llamados progresistas «resellados», se integraron en el nuevo partido de Unión Liberal encabezado por el general O'Donnell, lo que dejó sin espacio político a los progresistas puros entre «unionistas» y demócratas.
A principios de marzo de 1863 O'Donnell pidió a la reina la disolución de las Cortes, que llevaban abiertas cuatro años, para contar con un parlamento más adicto poniendo fin a la disidencia que había surgido en la Unión Liberal —ya fuera la integrada por antiguos moderados puritanos, como Cánovas, o por antiguos progresistas resellados, como Cortina o el general Prim—. Pero Isabel II se negó a disolver las Cortes y O'Donnell presentó su dimisión.
La crisis final del reinado de Isabel II (1863-1868) La reina aceptó el consejo de que llamara a un progresista para sustituir a O'Donnell pero cuando se entrevistó con una comisión del Partido Progresista integrada por el «resellado» Manuel Cortina y con los «puros» Pascual Madoz y Moreno López éstos no le dieron ningún nombre para presidente del gobierno y le pidieron tiempo para reorganizar el partido. Los dos sectores se reunieron el 19 de marzo de 1863 para reunificar el partido ante la inminencia de la entrada en el Gobierno de los progresistas. En la reunión se barajó el nombre del general Juan Prim, quien mantenía unas excelentes relaciones con la reina y que además había sido el político progresista que O'Donnell le había propuesto a Isabel II para sustituirle.