La adhesión de España a las Comunidades Europeas se hizo efectiva el 1 de enero de 1986, al entrar en vigor un tratado por el que España ingresó a las Comunidades Europeas —en la actualidad, la Unión Europea—, que fue firmado el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid. Esta incorporación se realizó al mismo tiempo que la de Portugal. Tras esta adhesión, se produjo en España un periodo de prosperidad económica, en el que durante cinco años seguidos logró el mayor índice de crecimiento de toda la Comunidad.* Este hecho constituyó el proceso más completo y sistemático de liberalización, apertura y racionalización de la economía española tras el Plan Nacional de Estabilización Económica en 1959.Juan Badosa Pagés Esta adhesión, además del progreso económico, supuso la salida del aislamiento internacional que padecía desde la Declaración de Potsdam de agosto de 1945 y la estabilización de la recién instaurada democracia.Raimundo Basols Jacas. Interacción entre el gobierno y la sociedad civil española durante las negociaciones para el acceso de España a la Unión Europea.
Cronología de su incorporación La primera postura del gobierno de Franco ante la constitución de las instituciones europeas fue la de marcar un compás de espera ante el desarrollo de los acontecimientos sin definir una política oficial. A principios de 1960, el Ministerio de Asuntos Exteriores español barajaba tres alternativas: la entrada en la EFTA, el ingreso en la Comunidad Económica Europea o no optar por ninguno de las dos instituciones anteriores. En este sentido, en septiembre de 1960 se estableció una misión diplomática ante la CEE con el objetivo de recabar información y la de «esperar y ver». Sin embargo, a mediados de 1961 los acontecimientos ligados con el proceso de integración llevaron a un cambio de estrategia en la política exterior española con respecto al proyecto europeo, al ponerse de manifiesto el camino sin salida que suponía la posición de esperar y la posibilidad real de aislamiento de España. En este sentido, por ejemplo, se manifestó la Dirección General de Política Exterior que, en octubre de 1961, elaboró un informe en el que defendía la necesidad de tomar una decisión política frente al Mercado Común. Se escogió la vía de asociación a la CEE como la más adecuada: pensaban las autoridades de Exteriores que la economía española no estaba preparada para la adhesión y que esta además exigía una homologación política que el gobierno español no estaba dispuesto a aceptar.
La solicitud de asociación
España solicitó el estatus de país asociado a la Comunidad Económica Europea por primera vez el 9 de febrero de 1962, mediante una carta escrita por el ministro de Asuntos Exteriores Fernando María Castiella al presidente del Consejo de Ministros de la CEE, el francés Maurice Couve de Murville: partiendo de «la vocación europea de España», su situación geográfica y sus intereses económicos, el gobierno franquista solicita en esta carta «una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración después de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común». Sin embargo, dado que la CEE prefería que España tuviese un régimen democrático, fue denegada la adhesión mediante un mero acuse de recibo por carta el 6 de marzo. En efecto, para ese año se estaban elaborando documentos en donde se exigía que para ser miembro debían ser Estados democráticos: El informe Birkelbach: el 15 de enero de 1962, el eurodiputado Willy Birkelbach presentó en el Parlamento Europeo un informe titulado Los aspectos políticos e institucionales de la adhesión o de la asociación a la Comunidad, donde se exigía este requisito. Pero no impedía realizar otro tipo de relaciones. Memorando de Saragat: en el mes de mayo de 1962, la delegación italiana en el Consejo de Ministros pedía que el fundamento del régimen político debería tener criterios como el de los fundadores. En este caso también impedía cualquier asociación. El veto en el Consejo de Ministros de la Comunidad: los Tratados CECA, CEE y EURATOM exigían unanimidad de votos en el Consejo para la incorporación de nuevos Estados. Además debería ser ratificada por los respectivos Parlamentos.
Este requisito fue explicitado en 1964 por el Parlamento Europeo:
Sin embargo esta era flexible y ambigua como demostró los distintos acuerdos con Grecia y con las antiguas colonias africanas realizados previamente a la petición española.
Así, el 14 de febrero de 1964, el embajador español ante la CEE Carlos Miranda y Quartín (conde de Casa Miranda) recordó la carta anterior y solicitó conversaciones con la Comunidad. En esta ocasión el Consejo con fecha del 2 de julio autorizó a la Comisión para realizar estas conversaciones exploratorias que se iniciaron el 9 de noviembre de 1964. El 23 de noviembre de 1966 la Comisión realizó un detallado informe de las conversaciones en la que aconsejaba para integrar la economía española en la comunitaria una fórmula aduanera en dos etapas. Llevada al Consejo de Ministros no la aprobó y el 11 de julio de 1967 estableció, con los grupos de trabajo, un mandato de negociación.
La posición española respecto a la integración europea era de desconfianza, ya que chocaba con el nacionalismo español imperante en aquellos momentos y una no prevista democratización exigida. Dado que el régimen franquista no podía sobrevivir aislado, había iniciado una liberalización económica en 1959 con el Plan Nacional de Estabilización Económica. En todo caso para la Comunidad, España no era una prioridad con respecto a la negociación de nuevas candidaturas, ya que era la planteada por el Reino Unido la que sí lo era y la que repercutió en gran medida en la candidatura española. Las diferencias entre los Estados miembros también eran importantes, así Bélgica (en la que destacó la postura del presidente socialista Paul-Henri Spaak) e Italia que no admitían a la España de Franco como Estado asociado; la de Alemania Federal y Francia que eran favorables; y la postura indefinida de Países Bajos y Luxemburgo. Entre estos condicionantes eran significativas las protestas de la izquierda europea para no entablar relaciones con un gobierno que no respetaba los derechos humanos.
Por todo ello la solución política que se dio fue la de realizar una negociación con finalidad únicamente económica y que llevó a la firma de un Acuerdo Preferencial rubricado el 29 de junio de 1970, que suponía una reducción de los aranceles entre la CEE y España. En el mismo se contemplaba unas rebajas hacia España del 21% en productos agrícolas y del 53% en los industriales y de forma recíproca del 13% y 22% respectivamente. Este fue ampliado el 29 de enero de 1973 con un Protocolo.Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Historia
Solicitud de adhesión Durante la transición política se realizó una nueva solicitud del Gobierno de España, presidido por Adolfo Suárez, el 26 de julio de 1977. Tras ella, la Comisión aprobó iniciar las negociaciones de adhesión el 29 de noviembre de 1978, que empezaron el 5 de febrero de 1979. Se trataba de una decisión política para fortalecer a las incipientes democracias de Grecia, Portugal y España, pero que entrañaba importantes dificultades económicas dado el menor desarrollo de estos estados del sur de Europa y que suponía que la CEE pasaba a tener 329 millones de habitantes, lo que conllevaba cambios institucionales y económicos de calado.
Al mismo tiempo desde el inicio de esta nueva solicitud, entre 1977 y 1980, España tuvo que ir cumpliendo varios de los requisitos para esta adhesión en relación con los comunes valores europeos y el respeto de la dignidad de la persona: Ratificó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y de Derechos Económicos y Culturales de las Naciones Unidas. Ingresó en el Consejo de Europa (organismo diferente de la Comunidad Europea), donde firmó el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. También suscribió la Carta Social Europea y reconoció la competencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos para tramitar demandas de particulares.
La negociación de adhesión
Gobierno de UCD 300px|thumb|Proceso de ampliación de lo que inicialmente fue la Comunidad Económica Europea y posteriormente la Unión Europea. A pesar de que ninguno de los nueve estados que formaban entonces la CEE se opuso a la ampliación las negociaciones se prolongaron durante más de seis años, hasta marzo de 1985. Mientras que las de Grecia finalizaron mucho antes, firmando en mayo de 1979 e ingresando el 1 de enero de 1981. La Comunidad Europea entonces estaba formada por los seis estados veteranos: República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos; y también los incorporados en 1973, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
Las negociaciones se iniciaron en Bruselas el 5 de febrero de 1979 con Jean François-Poncet siendo el presidente del Consejo, y a la que acudieron por parte española Leopoldo Calvo-Sotelo, como ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, y Marcelino Oreja, como ministro de Asuntos Exteriores. en aquellos momentos las dos partes se encontraban en una situación de cambio, tanto la Comunidad que se encontraba en un profundo proceso transformador, al mismo tiempo que España donde las fuerzas políticas tratan de reformar el sistema político para conseguir un régimen democrático.José Ángel Sotillo Lorenzo. América Latina en las negociaciones del ingreso de España en la Comunidad Europea En España existía unanimidad de las fuerzas políticas para el ingreso en la CEE, algo que no ocurría con otras posiciones en política exterior con fuertes discrepancias en la relación con EE. UU. y el ingreso en la OTAN y las relaciones con el tercer mundo (especialmente con los países árabes e iberoamericanos).
En relación con la negociación económica, la producción agrícola española suponía incrementar un tercio la producción Comunitaria, con grandes excedentes de vino, frutas y legumbres y que competían con la producción de Francia e Italia. Por otra parte, la industria siderúrgica y la producción textil eran competitivas aunque menos que la comunitaria, pero suponía que existían reticencias en los nueve. El resto de la industria estaba integrada por pequeñas y medianas empresas que habían sido muy protegidas hasta entonces, no siendo problemáticas. El sector industrial, con décadas de proteccionismo, dado su peso en el PIB y en el empleo, era clave para el éxito económico de la adhesión que técnicamente era más fácil que el agrícola, ya que se aplicaban unas pocas reglas de carácter general, que fue totalmente diferente a este que debía de hacerse casi producto a producto y con elevada carga política.