Las Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 1983, las primeras de la historia autonómica balear, se celebraron día 8 de mayo, junto con las elecciones municipales.
El panorama autonómico, a primera vista, era dominado por la Unión de Centro Democrático (UCD), que había ganado las elecciones a los Consejos Insulares de 1979 y que encabezaba el Consejo General Interinsular. Sin embargo, UCD se disolvió el año 1982, y parte de la militancia ingresó en Alianza Popular, al Partido Demócrata Popular o, como su hasta entonces líder, al recién fundado Unió Mallorquina. A estos nuevos partidos se sumaban otros que ya se habían presentado a los Consejos cuatro años: PSOE, PSM o PCE.
No había ninguna ley electoral aprobada, pero el estatuto de autonomía de 1983 fijaba una distribución provisional de escaños por isla, mientras que no se aprobara una ley electoral propia. El Parlamento elegiría en su primera legislatura 54 escaños. En Mallorca se elegían 30 diputados, en Menorca 12, en Ibiza 11 y en Formentera sólo se elegía un diputado.
Los socialistas ganaron a las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, pero su ventaja respecto de otras fuerzas era tan exigua que la amplia victoria de la coalición de AP-PDP-UL en Ibiza proporcionó la victoria de los conservadores al conjunto de islas.
Historia El proceso autonómico
Entre 1977 y 1983, la política de las Islas Baleares giró en torno a la consecución de la autonomía para el archipiélago. Este proceso debe entenderse en un contexto de generalización de las reivindicaciones autonómicas en la mayoría de territorios de España como resultado del centralismo propio de la dictadura franquista y de la presión ejercida por los nacionalismos catalán y vasco. No obstante, a pesar de que las Baleares cuentan con hechos diferenciales como la insularidad, una lengua y una cultura propias así como la existencia de una entidad política propia durante la Edad Media, las islas no fueron consideradas como nacionalidad histórica, circunstancia que marcó la evolución del camino hacia la autonomía. Entre los motivos cabe señalar la limitada implantación del nacionalismo, el escaso peso demográfico del archipiélago respecto al conjunto del Estado así como las diferencias entre los grupos favorables a la autonomía sobre la organización pluriinsular; en este sentido, es reseñable el denominado Estatuto de Cura de 1977, un proyecto que proponía una autonomía diferenciada para cada isla. Esta coyuntura propició que se optase por la opción del artículo 143 de la Constitución, la llamada «vía lenta», para acceder a la autonomía.
En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, la Unión de Centro Democrático (UCD) fue el partido más votado en las islas con un 51,05% de los votos, seguido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que obtuvo un 23,14%. Tras las elecciones, se constituyó la Asamblea de Parlamentarios formada por los once diputados y senadores electos, pertenecientes a UCD y PSOE, en la que se acordó la consecución de un Estatuto de Autonomía mientras que el 29 de octubre tuvo lugar una manifestación a favor de la autonomía en la que participaron unas 30.000 personas. Finalmente, en julio de 1978 el Gobierno de España promulgó el Real Decreto-Ley 18/1978, de 13 de junio, por el que se concedía un régimen preautonómico para las Islas Baleares. Quedaba constituido así el Consejo General Interinsular, presidido por el ucedista Jeroni Albertí.
En 1979, una vez aprobada la Constitución, tuvieron lugar elecciones generales (1 de marzo) y elecciones municipales (3 de abril). En ambas convocatorias UCD volvió a ser el partido más votado, de manera que se confirmaba la naturaleza moderada y ligeramente conservadora de electorado balear así como el predominio de dicha formación en el archipiélago. El 3 de abril de 1979 se celebraron además elecciones preautonómicas en el Consejo General Interinsular donde UCD consiguió mayoría absoluta y en el cual también obtuvieron representación el PSOE, el Partit Socialista de Mallorca, el Partit Socialista de Menorca, Coalición Democrática y una lista independiente de Ibiza y Formentera. De manera paralela, se constituyeron los consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. Una vez constituidos estos organismos, comenzó la redacción del Estatuto; los puntos más polémicos fueron la denominación de la lengua cooficial, pues un sector minoritario rechazaba la denominación científica de «catalán», así como la composición del futuro Parlamento. Las posibilidades fueron dos; un modelo paritario, en el que la representación de Mallorca fuera equivalente a la representación del resto de islas, o un modelo proporcional, que otorgaría la mayor parte de los diputados a Mallorca, isla que concentra el 80% de la población de las Baleares. Los partidos de las islas menores defendían el modelo paritario a fin de evitar un posible centralismo mallorquín. También era partidario de este modelo Alianza Popular, consciente de que el comportamiento electoral era diferente en cada isla y que un modelo proporcional podría beneficiar a la izquierda, mientras que un modelo paritario podía ser más provechoso para los conservadores. En este sentido, debe tenerse en cuenta que los conservadores habían registrado en la isla de Ibiza la proporción de voto más alta de todo el estado.
Durante el proceso se buscó redactar un texto que contara con el apoyo de todos los grupos, pero el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 propició que UCD y PSOE pactaran un estatuto que fue el que definitivamente se aprobó y se remitió a las Cortes Generales. El proyecto contempló la denominación de catalán para la lengua propia y un sistema de representación proporcional corregida, o sea, se asignó a cada isla un número fijo de escaños en función de su población pero las islas menores obtuvieron más diputados de los que les correspondería en detrimento de Mallorca. El proyecto fue presentado a finales de 1981, pero la crisis interna de la UCD y el adelanto electoral de 1982 motivaron que no se aprobara hasta el 25 de febrero de 1983, siendo uno de los últimos estatutos aprobados. Finalmente, el 1 de marzo entró en vigor la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. Culminaba así el proceso autonómico iniciado casi seis años antes.
La convocatoria electoral Tras la aprobación del Estatuto de Autonomía llegó el momento de constituir los órganos de autogobierno de las Islas Baleares, es decir, la celebración de las primeras elecciones al Parlamento. Dado que aún no había podido aprobarse una ley electoral autonómica, estas primeras elecciones se rigieron por lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía. Esta establecía que los comicios debían tener lugar antes del 31 de mayo de 1983, es decir, antes de que venciera el mandato de los consejeros insulares e interinsulares elegidos cuatro años antes. Respecto al sistema electoral, se preveían cuatro circunscripciones insulares: Mallorca, con 30 diputados; Menorca, con 12 diputados; Ibiza, con 11 diputados; y Formentera, con 1 diputado. Quedaría constituido así un Parlamento de 54 diputados, la única vez que la asamblea autonómica del archipiélago ha tenido ese número de parlamentarios, pues tras las aprobación de la Ley Electoral de las Islas Baleares en 1986, en todas las legislaturas se han elegido 59 diputados.
La Disposición añadía que se aplicarían las mismas normas electorales que regían para las elecciones generales a excepción del apartado a del artículo 4.2 del Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo, sobre Normas Electorales, mediante el que se declaraba incompatible con la condición de parlamentario ser presidente de una diputación provincial, de un organismo interinsular o insular o alcalde de un municipio. En este sentido cabe recordar el artículo 38 del Estatuto, que establecía que los consejos insulares estaban formados por los diputados del Parlamento de cada isla. Además, la Disposición Transitoria Segunda establecía que «el Consejo General Interinsular, previo acuerdo con el Gobierno de la Nación, convocará las elecciones en la fecha que conjuntamente se establezca», organismo que por otra parte quedaría disuelto tras la formación del primer gobierno balear. De este modo, el 9 de marzo de 1983 el Consejo General Interinsular promulgó el decreto de convocatoria para las primeras elecciones al Parlamento de las Islas Baleares, previstas para el domingo 8 de mayo. Paralelamente, ese día se celebrarían elecciones municipales en todo el Estado así como elecciones a las asambleas autonómicas en las otras dos comunidades en las que todavía no se habían constituido, es decir, aquellas que accedieron a la autonomía por la denominada «vía lenta».
Precampaña La campaña electoral de las primeras elecciones al Parlamento balear fue irrelevante, de modo que la precampaña fue directamente inexistente. De todos modos, durante los meses previos al proceso electoral tuvieron lugar toda una serie de acontecimientos políticos entre los que destaca la crisis de UCD, partido que había sido hegemónico en Baleares. Tras su fracaso en las elecciones generales de 1982 y su posterior disolución, la mayoría de partidos buscaron ocupar el hueco dejado por la formación centrista.
Reorganización del panorama político UCD había sido de manera muy amplia el partido más votado en todas las elecciones que habían tenido lugar en las islas desde 1977, tanto generales como municipales e insulares. Esto había motivado además que los ucedistas hubieran sido los responsables de liderar el proceso autonómico. No obstante, la agrupación balear no se mantuvo ajena a la crisis del partido y esto se puso de manifiesto en septiembre de 1982 cuando el presidente del Consejo General Interinsular, Jeroni Albertí, dimitió de su cargo. Fue sucedido interinamente por Francesc Tutzó, presidente del Consejo Insular de Menorca, pero las pugnas en el seno del partido y la cercanía de las elecciones generales, previstas para el 28 de octubre, y los comicios autonómicos, seis meses después, provocaron que nadie quisiera asumir dicho cargo y que el órgano preautonómico quedase en funciones hasta la constitución del gobierno balear en junio de 1983.
Llegaron las elecciones y el PSOE consiguió la mayoría absoluta tras obtener 202 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. En Baleares se dio la misma tendencia que en el resto del estado y los socialistas fueron la candidatura más votada con un 40,5% de los votos, un 11% más que en 1979, seguida muy de cerca por Alianza Popular, que obtuvo unos 10 000 votos menos que el PSOE y creció más de un 30% respecto a las anteriores elecciones. UCD quedó relegada al tercer puesto, con poco más del 10% de los votos; una gran caída, si se tiene en cuenta que en 1979 el 48,9% de los electores baleares apoyaron a los centristas, pero más moderada que en el conjunto del estado donde no superó el 7% de los votos. Ante esta situación, las elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo serían una pugna en clave bipartidista entre Alianza Popular y el PSOE, pues la diferencia entre ambas formaciones era mínima. A todo ello cabe añadir que el 21 de octubre, en plena campaña electoral, se presentaba en Palma un nuevo partido, Unió Mallorquina, proyecto impulsado por antiguos militantes de UCD entre los que destacaba Albertí. Este nuevo partido, de carácter regionalista y centrista, tomaba como referencia a Convergència i Unió y tenía como objetivo conseguir la mayoría en el Parlamento balear.
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