thumb|Fiscal Robert Jackson en los juicios de Núremberg.
El fiscal (agente fiscal, agente del ministerio público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario (magistrado en algunos países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente, en un proceso penal, las funciones y atribuciones del ministerio público, en los casos que conoce. Si bien el Ministerio Público es responsable de otorgar protección de víctimas y testigos, ello no implica que el fiscal sea su abogado.
Debido a que el Ministerio Público suele estar constituido por un gran número de agentes o fiscales, la mayoría de las legislaciones establecen como principio básico el de unidad de actuación, que pretende evitar la duplicación o interferencia de estos en sus tareas y funciones.
A su vez, su asignación territorial (en distritos, circunscripciones o comunas) está establecida en la ley, aunque habitualmente bajo un esquema de flexibilidad y adecuación a las necesidades fluctuantes de persecución criminal, en que intervienen las máximas autoridades del ministerio.
Historia La figura del fiscal surge en la Edad Media, más concretamente hacia el , como representante del rey encargado de defender sus intereses. Pronto surge la noción de que la ofensa a la víctima también lo es al orden impuesto por el soberano y a su soberanía. Más adelante, al desaparecer los intereses privados del monarca sustituidos por los del Estado, pasará a tener como atribución el ejercicio de la acción pública, de ahí que también comience a denominarse como ministerio público.
Tras la Revolución francesa y el Imperio napoleónico el fiscal se incorporó al sistema de administración de justicia del Estado Liberal, aunque adoptando diversas modalidades que llegan hasta la actualidad. En algunos países, como España, constituye un cuerpo específico, mientras que en otros, como Italia o Francia, sus miembros tienen la categoría de magistrados o jueces, con mayores posibilidades de intercambio entre la función judicial y la fiscal. Sin embargo, en todos ellos la figura del fiscal, como ha señalado Amadeu Recasens, «se debate en la ambigüedad al deber atender, por una parte, su dependencia jerárquica del ejecutivo a través de los ministerios de Justicia correspondientes (con fuertes connotaciones de dependencia, jerarquía y centralización) y, por otra parte, su función de colaborador del juez en la administración de justicia... en la medida que tiene atribuida la misión de velar por el interés social y de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley».
Ejercicio de sus funciones Los fiscales asumen unipersonalmente las causas, pero en la mayoría de las legislaciones, por razones de mejor atención del proceso o por su complejidad, volumen, importancia o trascendencia, las autoridades del Ministerio Público pueden disponer que más de un fiscal asuma la atención del caso.
Además, un fiscal no puede dirigir una investigación ni ejercer la acción penal pública sobre determinados hechos punibles (debiendo ser reemplazado), cuando se configura, a su respecto, una causa legal de inhabilidad, las cuales están, generalmente, fundadas en el interés particular en el delito o la amistad, enemistad o relación con los partícipes de tal hecho.
Estos funcionarios, en los casos que tienen a su cargo, ejercen sus funciones con independencia y autonomía, bajo los principios de legalidad y objetividad, debiendo practicar todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación, siendo responsables, en el ejercicio de sus funciones, en el ámbito del derecho civil, penal y disciplinario.
Habitualmente están facultados para impartir instrucciones particulares a la policía, respecto cada causa (sin perjuicio que toda actuación que restringe o afecta derechos fundamentales, requiere por regla general de autorización judicial previa).
No obstante lo anterior, las autoridades y jefaturas del Ministerio Público, en los distintos sistemas, suelen ejercer un control jerárquico más o menos permanente de los agentes de su dependencia, que se extiende tanto a la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, como a la legalidad y oportunidad de sus actuaciones.
Asimismo, generalmente la máxima autoridad del ministerio puede dictar instrucciones generales, fijando los criterios de actuación de los fiscales, para el cumplimiento de sus objetivos, pero no pudiendo dar instrucciones u ordenar realizar u omitir la realización de actuaciones en casos particulares. Sin embargo, los agentes fiscales habitualmente están obligados a obedecer las instrucciones particulares que sus superiores inmediatos les dan con respecto a un caso que les ha sido asignado, a menos que estimen que es manifiestamente arbitraria o que atenta contra las disposiciones de la Constitución o la ley.
Por países Los fiscales suelen ser funcionarios que poseen una título universitario en derecho y una formación adicional en la administración de justicia. En algunos países, como Francia e Italia, tienen la categoría de jueces.
Alemania En Alemania, el Staatsanwalt («abogado del Estado») es un funcionario público vitalicio del servicio judicial superior que pertenece al mismo cuerpo que los jueces. El Staatsanwalt dirige las investigaciones penales previas al juicio, decide si se presentan cargos o se retiran, y representa al gobierno en los tribunales penales. El Staatsanwalt no sólo tiene la «responsabilidad profesional» de no ocultar información exculpatoria, sino que también está obligado por ley a determinar activamente tales circunstancias y a ponerlas a disposición del acusado o del abogado defensor. Si el Staatsanwalt no está convencido de la culpabilidad del acusado, el abogado del Estado está obligado a alegar en contra o a favor del acusado según la propia valoración del fiscal.RiStBV, núm. 138/139. El enjuiciamiento es obligatorio si el fiscal tiene pruebas suficientes para condenar.
Bélgica En Bélgica, el fiscal superior de la Corona (Procureur du Roi/Procureur des Konings en los tribunales de primera instancia y Procureur Général/Procureur-Generaal en los tribunales de apelación) cuenta con el apoyo de fiscales de la Corona subordinados (substituts/substituten). Abren investigaciones preliminares y pueden mantener a un sospechoso bajo custodia hasta 48 horas. Cuando es necesario, un fiscal de la Corona solicita que se designe a un juez de instrucción (juge d'instruction/onderzoeksrechter) para que dirija una investigación judicial. Con un juez de instrucción, los fiscales de la Corona no dirigen los interrogatorios, sino que se limitan a exponer el alcance de los delitos que el juez y las fuerzas del orden investigan (la saisine). Al igual que el abogado defensor, los fiscales de la Corona pueden solicitar o sugerir que se lleven a cabo más investigaciones. El fiscal de la Corona está a cargo de las decisiones políticas y puede dar prioridad a los casos y procedimientos según sea necesario.
Durante un juicio penal, los fiscales deben presentar y explicar el caso al juzgador de los hechos, es decir, a los jueces o al jurado. Por lo general, sugieren una sentencia razonable que el tribunal no está obligado a cumplir; el tribunal puede decidir una sentencia más dura o más suave.
Los fiscales de la Corona también tienen una serie de funciones administrativas. Pueden asesorar al tribunal durante las acciones civiles.
Según la legislación belga, los jueces y los fiscales son funcionarios judiciales con el mismo rango y salario.
El Ministro de Justicia puede ordenar una investigación penal pero no puede impedirla (droit d'injonction positive/positief injunctierecht).
Brasil En Brasil, los fiscales forman un cuerpo de funcionarios autónomos -el Ministerio Público (Ministério Público)- que trabaja tanto a nivel federal como estatal.
Los miembros del Ministerio Público Federal se dividen en tres rangos, según la jurisdicción de los tribunales ante los que ofician. Los fiscales federales (Procuradores da República) actúan ante los jueces unipersonales y los tribunales inferiores, los fiscales federales de circuito (procuradores regionais da República) ante los tribunales federales de apelación, y los fiscales generales federales adjuntos (subprocuradores gerais da República) ante los tribunales federales superiores. El Procurador General de la República (Procurador Geral da República) encabeza el órgano federal, y juzga los casos ante el Corte Suprema de Brasil.
En el ámbito estatal, la carrera suele dividirse en fiscales estatales (promotores de Justiça) que ejercen ante los tribunales inferiores y fiscales estatales apellidados (procuradores de Justiça) que ejercen ante los tribunales estatales de apelación. También hay fiscales militares cuya carrera, aunque está vinculada a la de los fiscales federales, se divide de manera similar a la de los fiscales estatales.
En Brasil, el principal trabajo de los fiscales es promover la justicia, por lo que tienen el deber no sólo de juzgar los casos penales, sino que, si durante el juicio, se convencen de la inocencia de un acusado, solicitar al juez su absolución. La fiscalía tiene siempre la última palabra sobre la imputación o no de los delitos penales, con la excepción de los raros casos en los que la ley brasileña permite la acusación privada. En estos casos, el fiscal oficiará como custos legis, siendo el responsable de garantizar que la justicia efectivamente se lleve a cabo.
Aunque están facultados por la ley para hacerlo, los fiscales llevan a cabo investigaciones penales sólo en casos importantes, normalmente relacionados con infracciones policiales o de funcionarios públicos. Además, se encargan del control externo de la actividad policial y de solicitar el inicio de una investigación policial.Artículo 129, preámbulo párrafos VII y VIII de la ("São funções institucionais do Ministério Público: . ... (VII) ejercer el control externo de la actividad policial, en la forma de la ley complementaria mencionada en el artículo anterior [Art. 128°]; (VIII) requisar diligencias de investigación y la instauración de un procedimiento policial, indicados los fundamentos jurídicos de sus manifestaciones procesales; ...").
La facultad de los fiscales individuales de realizar investigaciones penales fue controvertida y, aunque apoyada masivamente por jueces, fiscales y la población en general, fue impugnada ante el Supremo Tribunal Federal, pero en 2015, este Tribunal se pronunció favorablemente a su facultad (RGE n. 593.727-MG).
De acuerdo con una ley de 2012, el jefe de policía (delegado de polícia), como autoridad policial, es responsable de conducir la investigación criminal en Brasil por medio de una investigación policial (inquérito policial) u otro procedimiento previsto por la ley que tenga el propósito de averiguar las circunstancias, la materialidad y la autoría de los delitos.. Disposiciones similares se encuentran en el Código Procesal PenalEl artículo 4 del ("A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria."). y en el artículo 144 de la constitución federal.= Constitución de Brasil, artículo 144, sección = IV, ratificado = 1988 ("Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.").