thumb|Isabel II, de niña, por José de Madrazo. La minoría de edad de Isabel II es el período de la historia de España durante el cual Isabel II, a la muerte de su padre Fernando VII, reinó bajo la institución de la regencia de su madre primero, María Cristina de Borbón y del general Baldomero Espartero después, abarcando casi diez años de su reinado, desde el 29 de septiembre de 1833 hasta el 23 de julio de 1843, cuando Isabel fue declarada mayor de edad.
A la muerte de Fernando VII el 29 de septiembre de 1833, su esposa, María Cristina de Borbón, asumió de inmediato la regencia en nombre de su hija, IsabelII, y prometió a los liberales una política distinta a la del fallecido rey. Parte de la sociedad española estaba expectante ante un posible cambio en el reinado que se iniciaba y que incorporase al país los modelos de corte liberal que se desarrollaban en algunas naciones de Europa. La Guerra Carlista y los enfrentamientos entre los liberales del Partido moderado y los del Partido Progresista culminarán con el ascenso a la Jefatura del Estado del general Baldomero Espartero mientras dure la minoría de edad de la futura reina, IsabelII, en un periodo convulso plagado de crisis gubernamentales e inestabilidad social.
La situación en Europa En Gran Bretaña, GuillermoIV inicia profundas reformas liberales y el Parlamento es el verdadero motor político de la vida del país. Tras la derrota de España en la batalla de Trafalgar, la extensión del que será poco más tarde el Imperio británico inicia su andadura, sobre todo a partir de 1837 con el ascenso al trono de la Reina Victoria. La democracia se asienta en el país como un modelo incuestionado.
En el continente, disuelta la Santa Alianza desde 1830, Francia había derrocado al absolutismo con la caída de CarlosX y establecido una monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe de Orleans, bajo cuyo mandato se impulsa la revolución industrial y la burguesía toma las riendas de la economía nacional.
El absolutismo queda relegado a Prusia, Rusia y Austria, si bien en el primero los impulsos de unificación con la Unión Aduanera de Alemania, alimentados por los liberales, que no cesarán en obtener éxitos parciales en el terreno comercial, abrirán las fronteras y procurarán avances en la nueva sociedad preindustrial.
La primera guerra carlista right|250px|thumb|El frente en su momento álgido.
La muerte de Fernando VII provoca una serie de levantamientos y la proclamación de Don Carlos como rey. Los alzamientos están liderados por militares absolutistas que habían sido retirados del ejército o incluso procesados. El primero en alzarse es Manuel Martín González, seguido por Verasategui, Santos Ladrón y Zumalacárregui. Se inicia una cruenta guerra civil caracterizada por la escasa localización geográfica, ya que se desarrolla en País Vasco y Navarra y en algunos pequeños focos en Cataluña, Aragón y Valencia.
Los bandos A grandes rasgos se puede definir esta primera guerra carlista como el medio para decidir la continuidad del Antiguo Régimen o el triunfo del liberalismo.
El carlismo defiende el absolutismo. Entre sus filas están la baja nobleza rural, el clero bajo vasco y campesinos vascos y navarros. Los carlistas se unen bajo el grito de «Dios, Patria y Fueros» (la defensa de los Fueros comienza en 1834 por medio de una imposición de la Diputación de Vizcaya a Don Carlos).
Los liberales están liderados por la reina regente María Cristina de Borbón. En un principio son liberales moderados, pero más adelante hay también progresistas. Se pueden considerar liberales las clases medias ilustradas, que tienen que acabar con el Antiguo Régimen.
El desarrollo de la Guerra Los alzamientos carlistas de 1833 están seguidos por la creación de juntas o gobiernos locales. Cuando Don Carlos vuelve a España en 1834, intenta crear un gobierno con la Administración Central en País Vasco y Navarra que se convertiría en gobierno nacional finalizada la Guerra. Los carlistas utilizaron la guerrilla por su conocimiento del medio rural y porque las ciudades son liberales. La primera guerra carlista es un enfrentamiento campo-ciudad que tiene tres etapas, de dos años cada una: thumb|200px|Álbum de las tropas carlistas del norte. 1.ª etapa (1833-1835): es dominada por Zumalacárregui, carlista. El ejército liberal es mermado por la guerrilla, lo que obliga a María Cristina a llamar a filas a los progresistas. Don Carlos se plantea en 1835 el asalto de Bilbao, pero Zumalacárregui no apoya este plan porque sabe que la artillería carlista no aguantaría un asedio. Al final el asalto es un fracaso y Zumalacárregui muere. 2.ª etapa (1835-1837): Zumalacárregui es sustituido por Cabrera. Ambos bandos optan por el control. Luis Fernández de Córdoba, liberal, intenta crear una línea de contención para aislar a los carlistas, pero esta línea obligaría a cubrir más de 500km (kilómetros), una zona demasiado extensa. Los carlistas intentan aliviar la presión en País Vasco y Navarra con operaciones en Cataluña y Aragón, aunque no lo consiguen y el resto de la Guerra solo se libra en País Vasco y Navarra. 3.ª etapa (1837-1839): desde 1837 la Guerra ya está prácticamente decidida a favor de los liberales. Dentro del bando carlista surge una división entre los que optan por rendirse y firmar la paz; y los intransigentes que quieren seguir luchando. Al final el general Maroto acuerda con los liberales el Convenio de Vergara en agosto de 1839, lo que pone fin a la Guerra, aunque Don Carlos seguiría luchando unos meses más. Además de la paz, el acuerdo asegura la continuidad de los Fueros y permite la integración de los militares carlistas en el ejército regular real.
El personaje más favorecido es el general Espartero, conocido tras su victoria en Luchana como el «Espadón de Luchana». Consigue una gran presencia política y social y un título nobiliario que le convierte en grande de España, y era duque de la Victoria.
La regencia de María Cristina thumb|250px|left|María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López.
La controversia de la sucesión thumb|Grabado de la jura de la princesa Isabel por las Cortes reunidas en la iglesia de san Jerónimo el Real el 20 de junio de 1833.
Durante el reinado de FelipeV se había establecido la exclusión de las mujeres en la línea sucesoria mediante la llamada Ley Sálica. Esta norma había sido revocada en 1789 por CarlosIV, mediante un decreto que no llegó a promulgarse. El 29 de marzo de 1830, mediante la Pragmática Sanción, FernandoVII lo elevó al rango de ley. Ello no fue obstáculo, sin embargo, para que Carlos María Isidro, hermano de Fernando, reclamara sus derechos al trono de España. FernandoVII había previsto la controversia que se adivinaba, y, queriendo el trono para su hija primogénita, la futura IsabelII, nombró Regente a su esposa María Cristina, desterrando a su hermano Carlos por negarse a reconocer como heredera a Isabel.
Antes de morir el Rey, la futura Regente había conseguido separar a los militares partidarios de Carlos de las jefaturas del ejército y se había garantizado el apoyo de los liberales en el exilio, así como el de Francia e Inglaterra. No obstante, Carlos se proclamó Rey de España el 1 de octubre de 1833 con el nombre de CarlosV; contaba con el apoyo expreso de la corona portuguesa, entonces en manos de D.MiguelI, y el silencio cómplice de Austria, Prusia y Rusia. Las tropas españolas invadieron Portugal en un intento de castigar el apoyo al carlismo pero con la mediación de Inglaterra, Carlos se exilió a Gran Bretaña, de donde escaparía en 1834 para presentarse entre Navarra y el País Vasco y acaudillar la Guerra Carlista.
Esta guerra llevaría a María Cristina de Borbón a transformar el régimen para mantenerse en el trono. Este cambio consiste en otorgar poderes a los liberales, con lo cual sucede que la esposa del rey español más absolutista es la que abre el camino del liberalismo.
Los primeros gabinetes En 1832, Fernando VII se recupera de una enfermedad y nombra un nuevo gabinete de gobierno liderado por Cea Bermúdez, vinculado al ala más derechista de los moderados, que inició tímidas reformas administrativas pero que carecía de capacidad e interés para facilitar la incorporación de muchos antiguos ilustrados y liberales al nuevo modelo de desarrollo económico y político. Entre las reformas del gabinete de Cea Bermúdez destacó una nueva división de España en provincias, promovida por el secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, destinada a mejorar la administración que, con algunos retoques, se mantiene en la actualidad.
La ausencia de sintonía entre el liberalismo económico y político y el Gobierno llevó a que la regente cesara a Cea Bermúdez y al nombramiento de Martínez de la Rosa como nuevo Presidente, en enero de 1834.
El Estatuto Real de 1834 thumb|250px|right|Francisco Martínez de la Rosa en un cuadro conservado en el Ateneo de Madrid.Tras la muerte de FernandoVII en 1833, varias personas cercanas a la reina insinúan la necesidad de unas nuevas Cortes y un nuevo gobierno, aunque luego María Cristina solo designa un nuevo gobierno a cargo de Francisco Martínez de la Rosa, que había retornado del exilio, trató de aplicar una reforma del clero y promulgó el Estatuto Real en 1834. A modo de carta otorgada, disimulaba el espíritu liberal para no alterar a los seguidores del Antiguo Régimen, dejando sin aclarar si la soberanía nacional residía en el Rey o en las Cortes. El equilibrio político que supuso esta indeterminación terminó por no contentar a unos ni a otros.
Los progresistas no apoyan a Martínez de la Rosa, al que apodan «Rosita la pastelera». Aunque Martínez de la Rosa pueda parecer conservador, en su momento fue una auténtica revolución, pues la monarquía renuncia al monopolio del poder. El Estatuto Real también es una especie de transacción entre monarquía y liberales para agradecer el apoyo durante la Guerra.
En la práctica el Estatuto Real da a la Corona un gran margen de actuación, pues nombra directamente a muchos diputados en las Cortes y el resto son elegidos solo por los más ricos. El poder ejecutivo es de la reina y el legislativo es de la reina y las Cortes. Las ilusiones liberales se hunden al ver las escasas concesiones que les da la Corona.
El Estatuto Real establece dos cámaras. En una están los representantes no elegidos, los Grandes de España, que entran en las Cortes directamente. Esta cámara de no elegidos es el Estamento de Próceres. La otra cámara, de diputados elegidos bajo sufragio censitario, es el Estamento de Procuradores. Solo les eligen unos 16000 hombres. El Estatuto Real establece que las Cortes voten impuestos pero no les da la iniciativa legislativa sin el apoyo de la Corona, que tiene además el poder ejecutivo.
Los progresistas no se rinden y utilizan resquicios legales del Estatuto Real para hacer reformas. Se ven favorecidos por los malos resultados de los liberales en los primeros años de la Guerra Carlista, lo que obliga a María Cristina a hacer concesiones. Entre las reformas progresistas están la aprobación de algunos derechos del individuo (libertad, igualdad, propiedad, independencia judicial y responsabilidad ministerial). Al final los progresistas presionan cada vez más a María Cristina, hasta que en 1835 la regente designa un gobierno liberal progresista.
Al mismo tiempo, el clima de enfrentamiento se intensificó a causa de las intrigas de la regente contra los liberales y una epidemia de cólera que asoló España de sur a norte, generando el bulo de que la Iglesia había envenenado los pozos y canales en los que Madrid se abastecía de agua potable. Los asaltos a conventos e iglesias no se hicieron esperar. Acosado por unos y otros e incapaz de gobernar, Martínez de la Rosa dimitió en junio de 1835.
El impulso de los liberales y la llegada al poder de los progresistas