El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias de 1981 (en asturiano, Estatutu d'Autonomía del Principáu d'Asturies) es una Ley Orgánica española que, como Estatuto de autonomía, es la norma institucional básica de esta comunidad autónoma. El Estado la reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Determina las competencias, los órganos y la forma de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Se aprobó en las Cortes Generales en 1981 y entró en vigor el 31 de enero de 1982.
Antecedentes En 1918, en el contexto de la Crisis de la Restauración, la Diputación de Oviedo solicitó una mayor autonomía a través de una moción presentada por dos diputados del Partido reformista. A finales de este mismo año, el pleno de la Diputación reiteró esta petición, remitiendo al Gobierno unas Bases para la autonomía asturiana. Solicitaba mayores competencias y, entre otras reivindicaciones, una Hacienda propia. En 1923 y 1924, elevó dos memorias al Directorio militar de Primo de Rivera, donde solicitaba de nuevo más facultades para crear distintos servicios.
Paralelamente, en los primeros meses de 1919, se publican los primeros proyectos y bases para el Estatuto de autonomía municipal y regional, elaborados por los ayuntamientos de Laviana, Mieres, Sama de Langreo y Avilés. Son las primeras iniciativas de un Estatuto como tal de las que se tiene noticia.Estos esfuerzos se producen paralelamente a la campaña autonomista catalana de 1918-1919.
Durante el Primer Bienio de la Segunda República, hubo de nuevo varios intentos. Por ejemplo, el grupo El Aldeano de Castropol publicó en 1931 un manifiesto donde recogía un proyecto de Estatuto. El Partido Republicano Federal declaró tener redactado un proyecto, pero no lo hizo público. Por otro lado, en 1932, se constituyó una Comisión, integrada por Ramón Menéndez Pidal, Ramón Pérez de Ayala, Teodomiro Menéndez y Manuel Rico Avello, a la que se encomendó presentar un proyecto de Estatuto de Autonomía, aunque no se conoce que hubiera concluido sus trabajos. También se publicó un proyecto de Estatuto bajo la iniciativa personal y estrictamente académica de Sabino Álvarez Gendín. Se trataba de un apéndice a su libro Regionalismo. Estudio General. El problema en Asturias.
En definitiva, los proyectos de Estatuto de Autonomía no terminaron cuajando, por dos motivos principales: el nombramiento de un Gobierno conservador en 1933, y el posterior estallido de la Revolución de 1934, que provocó un desvío del debate público hacia la salida de los presos y la unión de las izquierdas.
El proceso autonómico asturiano En 1977, se producen las primeras elecciones generales democráticas. No se produjo en Asturias un auge de fuerzas políticas autonomistas. De hecho, serían los partidos de implantación estatal los que encabezarían el proceso para la todavía provincia de Oviedo.
Las Cortes Generales que fueron elegidas en 1977 tenían el encargo fundamental de elaborar la Constitución de 1978, pero también jugarían un papel destacado en la construcción del Estado de las Autonomías. De estas Cortes Generales, a partir de la iniciativa de sus diputados y senadores, surgieron las llamadas Asambleas Parlamentarias Regionales. Se trataba de reuniones, en las que participaban los diputados y senadores que habían sido elegidos por cada provincia, con el objeto de constituir una comunidad autónoma. Serían pioneras las provincias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, cuyos representantes tuvieron su primera reunión el 10 de junio de 1977. Poco tiempo después, las provincias catalanas seguirían el ejemplo.
La Asamblea de Parlamentarios Asturianos, compuesta por diputados y senadores que resultaron elegidos por la circunscripción de Asturias, se constituye el 20 de julio de 1977.En concreto, los componentes de aquella Asamblea fueron los siguientes:
1 Senador por UCD: D. José María Alonso Vega 1 Senador independiente, integrado en el grupo Senado Democrático (SD): D. Atanasio Corte Zapico 1 Senador del PCE, integrado en el grupo SD: D. Wenceslao Roces Suárez, Senador (PCE), que sería sustituido posteriormente por Fernando Morán. 1 Senador del PSOE, integrado en el grupo SD: D. Rafael Fernández Álvarez, Senador (PSOE), 1 Diputada por el PCE: Doña Dolores Ibárruri Gómez, Diputada (PCE), 4 Diputados por el PSOE: D. Emilio Barbón Martínez, D. Honorio Díaz Díaz, D. Luis Gómez Llorente, D. José Manuel Palacio Álvarez, 4 Diputados por UCD: D. Emilio García Pumarino Ramos, D. Ricardo León Herrero, D. Alfredo Prieto Valiente y D. Luis Vega Escandón, 1 Diputado por AP: D. Juan Luis de la Vallina Velarde, Diputado (AP)
En total, se trataba de 14 miembros: 5 de UCD, 4 del PSOE, 3 de SD, 1 de AP y 1 del PCE. Estos serían los principales interlocutores con el Gobierno en un primer momento. Hasta un tiempo después, las Asambleas estarían compuestas exclusivamente de los senadores y diputados parlamentarios. En este sentido, las otras dos instancias territoriales básicas de la administración local (diputaciones y Ayuntamientos) fueron excluidas, pues no habían sido nombradas democráticamente aún.
Cabe recordar que las Diputaciones Provinciales constituían un organismo diferente a las Asambleas de Parlamentarios. Las primeras eran una forma de representación de los municipios, que daban lugar a diputados escogidos a través de las elecciones locales. Por el contrario, las Asambleas de Parlamentarios eran reuniones de los diputados y senadores nacionales. El problema es que las reuniones se producían en el edificio de la Diputación, provocando la confusión entre ambos organismos, e incluso también con el Consejo Regional recientemente creado. En cierto momento, debido a esta cuestión y a las tensiones producidas entre ambas, en Asturias se firmó un documento para delimitar las funciones de cada una de estas instituciones en el proceso autonómico.
La Diputación Provincial era una institución todavía vigente, heredada del régimen anterior, pero condenada a desaparecer por ser Asturias una futura comunidad uniprovincial. Durante todo el proceso autonómico, hubo una tensa relación entre Asamblea y Diputación, especialmente debida a que Alianza Popular y UCD, mayoritarios en la Diputación, les convenía retrasar su desaparición (esto era, al menos, lo que interpretaba el PCE desde su revista Mundo Obrero).
El 11 de octubre de 1977, la Asamblea de Parlamentarios Asturianos reunida en la Diputación Provincial de Oviedo acuerda, a propuesta del Diputado D. Luis Gómez Llorente (PSOE), iniciar negociaciones con el Gobierno para dotar a Asturias de un régimen preautonómico. Preside la sesión D. José María Alonso Vega y actúan de secretarios D. Emilio García-Pumarino Ramos y D. José Manuel Palacio Álvarez.
Pocos meses después, en diciembre, la Asamblea ya dispone de un primer borrador sobre la creación del ente preautonómico. Este documento se aprueba con el voto particular de Alianza Popular y, posteriormente, se entrega al ministro para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo.
Paralelamente, el 24 de diciembre de 1977, la Diputación Provincial enviaría una carta al ministro Clavero Arévalo, mostrando su disconformidad con la Asamblea de Parlamentarios. En esta carta, protesta por no haber sido consultada sobre el proyecto preautonómico. Asimismo, en la misica critican a algunos parlamentarios, que ni son asturianos ni han nacido en Asturias -léase Dolores Ibárruri (PCE), Luis Gómez Llorente (PSOE) y Ricardo León Herrero (UCD).
Se celebraron reuniones con el Ministerio, llegando a formular un texto de posible decreto-ley de preautonomía para Asturias, que los parlamentarios de la región dieron como válido. Los diputados socialistas entendieron entonces que se estaban produciendo «dilaciones injustificadas en la tramitación del referido decreto-ley». Debido a que esta tardanza implicaba una «discriminación o postergación contraria a los intereses asturianos», el diputado socialista Luis Gómez Llorente presentó una interpelación al Gobierno, para conocer «los motivos y propósitos que le inspiran en lo concerniente a la preautonomía de Asturias». Será entonces, en agosto de 1978 cuando el Consejo de Ministros apruebe el régimen preautonómico para Asturias.
El régimen preautonómico se instaura en Asturias, con el Real Decreto Ley 29/1978, de 27 de septiembre, instituyendo el Consejo Regional de Asturias "como órgano de gobierno y administración de la Región" (art. 2). Se creó una Comisión Mixta de representantes de la Administración del Estado y del Consejo Regional de Asturias para proponer al Gobierno los acuerdos sobre transferencias de la gestión de funciones, actividades y servicios de la competencia de la Administración del Estado. Esta comisión empezaría a funcionar en febrero de 1979.
La Asamblea de Parlamentarios Asturianos, reunida en la Diputación Provincial, acuerda la constitución del Consejo Regional de Asturias. El acto formal de constitución se produce el 10 de noviembre de 1978. El Presidente elegido resultaría ser Rafael Fernández Álvarez (PSOE), un histórico dirigente socialista que había estado exiliado en México. También se nombra a los consejeros en diferentes materias. Al día siguiente, se produjo un acto solemne en el Ayuntamiento de Cangas de Onís, primera capital del reino asturiano, para simbolizar el momento histórico. Asistió el ministro Clavero Arévalo.
Al mismo tiempo, los partidos políticos asturianos con representación parlamentaria adoptan un compromiso, que dirigen a todos los asturianos. Se trata de una declaración breve, con cinco puntos, que conforman la hoja de ruta inicial para llevar a cabo el proceso autonómico. El punto 2 de este compromiso incluye la elaboración de un Estatuto de Autonomía para Asturias.
El Consejo Regional recibiría «fuertes críticas por su supuesta inoperancia» desde su creación en noviembre de 1978, hasta las elecciones generales de 1979, producidas en marzo. Rafael Fernández contestaba que «Quizá se esperaba demasiado de una preautonomía que a fin de cuentas estaba dando sus primeros pasos. Sin recibir ninguna transferencia, podíamos hacer poco más de lo que hemos hecho: crear una cierta infraestructura que nos permitiese comenzar a abordar los problemas».
Efectivamente, el Consejo Regional tardó todavía unos meses en recibir las primeras competencias, que llegaron en diciembre de 1979. Además, su presupuesto era relativamente bajo, de 150 millones de pesetas. Ajustado a la inflación, «supondría unos cinco millones de euros, frente a los aproximadamente cuatro mil quinientos vigentes en la actualidad para el Principado de Asturias».
Se producía, además, otra situación que dificultaba los avances: el equilibrio casi idéntico de fuerzas entre entre la izquierda y el centro derecha (representadas por los partidos mayoritarios, PSOE y UCD). La composición de la Asamblea de Parlamentarias había abocado a la igualdad en Asturias: 4 diputados para el PSOE, 4 para UCD, 1 para el PCE y otro para AP.