El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de España es el departamento de la Administración General del Estado competente para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de España en materia de recursos agrícolas, ganaderos y pesqueros, de alimentación, de industria y seguridad agroalimentarias, y de desarrollo del medio rural.
Corresponde al MAPa, en el ámbito de las competencias del Estado, la elaboración de la legislación estatal en las materias agrícolas, pesqueras, alimentarias y de desarrollo rural; la propuesta y ejecución de las directrices generales del Gobierno sobre la política agraria, pesquera, alimentaria y de desarrollo rural; la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes Administraciones Públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados.
El Departamento de Agricultura se creó por primera vez en junio de 1933, siendo heredero directo del Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio (originalmente llamado Ministerio de Economía Nacional y hoy conocido como Ministerio de Industria) e indirectamente del Ministerio de Fomento.
La sede central se encuentra en la ciudad de Madrid. En concreto, es el Palacio de Fomento —por el primer ministerio que albergó el edificio— quien acoge los servicios centrales del Ministerio de Agricultura desde su creación en 1933.
Historia
Antecedentes Históricamente, las competencias sobre todo lo relativo al mundo rural estaban incardinadas en el Ministerio de la Gobernación—aunque se solapaban con algunas que también tenía el Ministerio de Hacienda u órganos fuera de los ministerios como el Consejo de la Mesta, con lo relativo a ganadería—. Este departamento actuaba como un cajón de sastre donde se gestionaban multitud de ámbitos de gobierno—entre los que estaban el fomento de la agricultura, los viveros y crías de ganados, el plantío y conservación de los montes y arbolados o la caza y la pesca—, pero con el tiempo fue perdiendo competencias a medida que se iba especializando la acción de gobierno.
Así, a mediados del se creó el Ministerio de Fomento—por aquel entonces «de Comercio, Instrucción y Obras Públicas»—, que agrupaba tanto las funciones sobre la educación pública como las relativas a beneficencia, las obras públicas y el fomento del comercio. Si bien inicialmente no estaba previsto que asumiese lo concerniente a agricultura, unas semanas después así se decidió, retirándole las competencias de beneficencia, que se mantenían en Gobernación.
El área de agricultura se mantuvo en Fomento durante cerca de cien años, siempre con nivel orgánico de Dirección General. Al igual que le pasó a Gobernación, Fomento fue dando lugar a nuevos departamentos, tales como Instrucción Pública y Bellas Artes (1900), Trabajo (1920) o Economía Nacional (1928).
Precisamente, en esta última escisión, el Ministerio de Economía Nacional—hoy Ministerio de Industria y Turismo—asumió la Dirección General de Agricultura, con las cámaras agrícolas, Consejo Agronómico y asociación de ganaderos y los servicios de Higiene y Sanidad pecuaria. Este nuevo departamento tuvo una rápida evolución pues, al poco tiempo, mediante decreto del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, el 16 de diciembre de 1931 se renombró como Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio y agrupó tanto las direcciones generales de Agricultura, Industria y Comercio que ya poseía como lo relativo a minas, montes y ganadería del Ministerio de Fomento.
La importancia de la agricultura: ministerio propio miniaturadeimagen|Campesinos recogiendo una cosecha de patatas. Finales de la década de 1930.|izquierda La importancia del aspecto económico y el relevante papel que jugaba el sector primario en la economía española de principios del —la población dedicada al mundo de la agricultura suponía cerca del 50 % del total de la población activa—fue patente desde los inicios, pues ya desde 1900 empezó a aparecer el término «Agricultura» en las denominaciones de algunos departamentos como Fomento o Industria.
El punto álgido fue el año 1933. En junio de este año, siendo presidente del Consejo de Ministros Manuel Azaña, el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio se dividió en dos; por una parte, se mantuvieron juntas las competencias sobre la industria y el comercio, por otra, por primera vez se creó un departamento exclusivamente dedicado a la cuestión agrícola. Esta separación se hizo definitiva, excepto en el período comprendido entre el 25 de septiembre de 1935 y el 19 de febrero de 1936, cuando volvieron a fusionarse.
Reformas agrarias de 1932 y 1935 En concreto, durante este periodo republicano el nuevo departamento tuvo que seguir los trabajos de su predecesor y encontrar solución al que se consideraba el principal problema del mundo rural, el latifundismo. Este problema estaba principalmente en el sur de España, donde había grandes terratenientes que acaparaban la propiedad de la tierra, como el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que se opuso a algunas propuestas. miniaturadeimagen|Orden de entrega de harina y subproductos. 1953.Un año antes de la fundación del Ministerio, las Cortes habían aprobado la Ley de Reforma Agraria de 1932, impulsada por el ministro Marcelino Domingo. Esta ley establecía una política de expropiaciones con indemnización a los propietarios de grandes latifundios—salvo a los grandes de España, que se les castigó por la La Sanjurjada con expropiaciones sin contrapartida—con el objetivo de convertir la tierra en minifundios que pudieran ser distribuidos entre los jornaleros y así mejorar tanto las condiciones de lo obreros como la productividad de la tierra. Se hizo mediante dos mecanismos: campesinos asentados por decretos de intensificación de cultivos (ocupación temporal) y campesinos asentados por ley de reforma agraria (expropiación de tierras de la Grandeza). A partir de las elecciones generales de 1933, solo se utilizó el primero de ellos. Asimismo, como el principal instrumento a través del cual se ejecutaría la nueva política agraria republicana se creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA). El Consejo Ejecutivo de este nuevo organismo estaba formado por representantes tanto del sector progresista como del sector conservador y, en la práctica, actuó como un elemento de moderación frente a aquellos que buscaban una aplicación más radical de la política agraria. Esto, si bien podría achacarse a los conservadores que, en muchas ocasiones, intentaban—sin éxito por la relación de fuerzas—tumbar las propuestas que buscaban intensificar cultivos o expropiar las tierras, la realidad es que el principal problema era la complejidad de la norma y el respeto al procedimiento, que exigía que cada caso se tratara de forma individual. Sabiendo esto, el IRA fue inundado con recursos por parte de los propietarios de la tierra, que acabaron retrasando enormemente su trabajo. El descontento del campesinado con esta ley fue patente, principalmente debido a las falsas expectativas que la clase política les había dado. Estas expectativas acabaron de morir con la nueva ley de reforma agraria de 1935 que, entre otros asuntos, eliminaba la expropiación sin indemnización, permitía a los dueños participar en la tasación de sus tierras y reducía el presupuesto del IRA.
Reversión de la política republicana y colonización Si ya la política agraria estaba tocada, la guerra civil y la victoria del bando sublevado supuso su total fracaso. El gobierno sublevado creó de inmediato el Servicio de Recuperación Agrícola que, junto con el Servicio Nacional de Reforma Económica y Social de la Tierra, tuvieron como objetivo principal revertir las medidas de la anterior política republicana, empezando por la supresión del Instituto de Reforma Agraria (IRA) y la devolución de tierras expropiadas. miniaturadeimagen|Iglesia de Valderrosas, pueblo de colonización fundado entre los años 50 y 60 por el Instituto Nacional de Colonización. En el ámbito orgánico, la dictadura no hizo cambios relevantes en el ámbito del Ministerio e inicialmente se estructuró mediante la Subsecretaría y los servicios nacionales (o direcciones generales) de Agricultura, de Ganadería, de Montes, Caza y Pesca Fluvial y de Reforma Económica y Social de la Tierra. Precisamente, de este último servicio nacería en octubre de 1939 el Instituto Nacional de Colonización (INC).
El INC fue el encargado de ejecutar, de forma similar al IRA y con el mismo poco éxito, las medidas establecidas en la Ley de Bases para la Colonización de Grandes Zonas de 1939. Esta ley establecía una nueva política agraria basada en el incremento de la producción agraria gracias a la expansión de los regadíos, la puesta en cultivo de zonas no explotadas agrícolamente y, gracias a las medidas anteriores, el asentamiento de nuevos «colonos». Desde entonces, este organismo se dedicó a comprar grandes extensiones de terreno para crear nuevas poblaciones donde estos colonos pudieran asentarse y prosperar. A partir de 1945 se hicieron ajustes legales para evitar la paralización del Instituto como consecuencia de la falta de tierra productiva disponible y el elevado coste que para el organismo tendría realizar sus proyectos en las tierras que los propietarios le cedían, que en su mayoría eran improductivas.
A esto hay que añadir que la ley de 1939 preveía la posibilidad de crear «Sociedades de Colonización» como instrumento privado que, junto al Estado, llevara a cabo estos proyectos. Sin embargo, estas sociedades privadas no se crearon al no estar el sector privado interesado en tan costosa empresa, por lo que el Estado tuvo que asumir la totalidad del coste de la reforma.
Mejor éxito hubo en la década de 1950. Gracias al apoyo de Estados Unidos se inició una etapa aperturista del régimen que favoreció el clima económico y se introdujeron nuevas medidas de la mano del ministro Rafael Cavestany de Anduaga, orientadas al estímulo económico, la modernización del mundo rural y la reducción del control e intervencionismo estatal establecidos al inicio de la dictadura.
Durante el resto de este periodo autoritario, el Ministerio alcanza una notable estabilidad, con pequeñas reformas en 1962, 1968 y 1971 que distribuyen competencias y crean algunas direcciones generales. Lo más notable de este periodo es la creación de varios organismos relevantes. En primer lugar, en 1968 se fundan el Fondo de Ordenación y Regulación de Producciones y Precios Agrarios (FORPPA) y el Servicio Nacional de Cereales (SNC), que reemplazó al Servicio Nacional del Trigo (1937), y que posteriormente se transformaría en el Servicio Nacional de Productos Agrarios (1971). En segundo lugar, en 1971, además de la transformación del SNC, se crean el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA).
Democracia: alimentación y medio ambiente izquierda|miniaturadeimagen|Detalle del membrete del Ministerio de Agricultura en 1978.
Aprobada la Constitución de 1978, vuelven los cambios al Departamento de Agricultura. A raíz de la transferencia competencial realizada en 1980, el Ministerio de Agricultura asumió las competencias sobre pesca marítima que hasta entonces poseía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asumiendo asimismo, entre otros órganos, la Subsecretaría de Pesca (que un año después sería renombrada como Secretaría General de Pesca) y el Instituto Español de Oceanografía (ICO). Por este motivo, a mediados de 1981 el departamento se renombró como «Ministerio de Agricultura y Pesca».