thumb|José Luis Rodríguez Zapatero prometiendo su cargo por segunda vez, en 2008. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero (2004-2011) constituyen el cuarto periodo del reinado de Juan Carlos I de España. Los cerca de ocho años en que gobernó en España José Luis Rodríguez Zapatero —lo que constituyó la segunda etapa de gobierno socialista del reinado, tras los gobiernos de Felipe González (1982-1996)— abarcaron dos legislaturas, que fueron muy diferentes entre sí. «La primera legislatura estuvo centrada en grandes debates políticos en torno a los derechos civiles y sociales, el modelo territorial, la negociación con ETA y la memoria histórica; la segunda, en cambio, quedó marcada por la crisis económica, que se llevó por delante todos los proyectos del Gobierno. La actuación de Zapatero fue también muy diferente en cada caso. En la primera legislatura asumió enormes riesgos políticos, fue audaz y original en muchas de sus iniciativas y gracias a ello consiguió un respaldo abrumador entre los ciudadanos de izquierdas en 2008… En la segunda, Zapatero fue a remolque de los acontecimientos…». Así, según el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, la primera legislatura (2004-2008) fueron «años de cambios» y la segunda (2008-2011) «años de crisis».
La vuelta del PSOE al poder: los atentados del «11-M» y las elecciones del 14 de marzo de 2004
thumb|300px|Uno de los trenes de cercanías en los que estallaron las bombas en el Atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. thumb|left|José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
El jueves 11 de marzo de 2004, tres días antes de la fecha señalada para la celebración de las elecciones generales, estallan en Madrid diez bombas en cuatro trenes de cercanías causando la muerte a 191 personas e hiriendo a más de 1.500. Se trató del mayor atentado terrorista de la historia española y europea y los partidos políticos decidieron dar por concluida la campaña electoral. Inicialmente se pensó que había sido obra de ETA, sospecha que confirmó el ministro del Interior Ángel Acebes pocas horas después. Sin embargo, la investigación de la policía pronto se inclinó por la pista del terrorismo islamista vinculado a Al-Qaeda —responsable de los atentados del 11-S—, aunque el gobierno mantuvo que la principal hipótesis seguía siendo ETA. La confusión sobre la autoría del atentado se puso de manifiesto en las masivas manifestaciones de rechazo al terrorismo que tuvieron lugar al día siguiente —las mayores de la historia de España, pues se calculó que unos 11 de millones de personas salieron a la calle ese día, viernes 12 de marzo— cuando parte de los asistentes gritaban «¿Quién ha sido?» y «Queremos saber la verdad» y otros «ETA asesina». En la tarde del sábado 13 de marzo, jornada de reflexión de las elecciones del día siguiente, varios miles de manifestantes se concentraron ante las sedes del PP en las principales ciudades acusando al gobierno de «ocultar la verdad» y exigiendo «saber la verdad antes de votar», además de proferir gritos de «No a la guerra». A las 8 de la tarde compareció el ministro Acebes para informar de la detención de cinco marroquíes como presuntos responsables de los atentados. La supuesta autoría de ETA quedó en entredicho definitivamente cuando cuatro horas más tarde el ministro volvió a comparecer para comunicar que se había hallado un vídeo reivindicando el atentado en el que aparecía un individuo que, en árabe con acento marroquí, decía en nombre de Al-Qaeda:
thumb|Cartel electoral del PSOE El domingo 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones y hacia las diez de la noche se confirmó que la victoria había sido para el PSOE, que consiguió 164 diputados −le habían faltado 12 para la mayoría absoluta−, mientras que el PP se quedó en 148. Un mes después, el 16 de abril, se produjo la tercera alternancia desde la recuperación de la democracia en España: José Luis Rodríguez Zapatero quedaba investido como nuevo presidente del gobierno, el quinto desde 1977. En el Congreso votaron a favor los diputados de su propio partido, el PSOE, más los de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista. CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai se abstuvieron. El PP votó en contra.
La legislatura de los cambios (2004-2008)
El giro en la política exterior: la retirada de Irak y el retorno a la «vieja Europa» thumb|320px|Primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, abril de 2004.
La primera decisión que adoptó el nuevo gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero fue ordenar la retirada de las tropas españolas de Irak, cumpliendo así lo prometido durante la campaña electoral. Esta decisión enfrió notablemente las relaciones con Estados Unidos porque se tomó mucho antes del plazo prometido —el 30 de junio— y sobre todo porque fue seguida de un llamamiento de Rodríguez Zapatero al resto de los países con tropas en Irak para que también las retiraran. thumb|left|150px|Edición del Tratado para el referéndum. El abandono de la política «atlantista» del anterior gobierno presidido por Aznar fue acompañado del acercamiento a Alemania y a Francia, los dos países de la «vieja Europa» que habían encabezado la oposición a la invasión de Irak, lo que hizo posible, por otro lado, el desbloqueo de las negociaciones del nuevo Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, al que se había opuesto Aznar, que fue firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Zapatero se apresuró a convocar un referéndum de ratificación del tratado celebrado el 20 de febrero de 2005. Consiguió la aprobación del 75% de los votantes pero se registró la abstención más alta de toda la democracia. thumb|Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores entre 2004 y 2010. Sin embargo, Rodríguez Zapatero quedó aislado internacionalmente cuando el proyecto de la Constitución Europea naufragó —sumiendo a la Unión Europea en la peor crisis institucional de su historia— y, sobre todo, cuando Alemania y Francia se reconciliaron con Estados Unidos tras abandonar el poder sus dos principales aliados, el canciller alemán Gerhard Schröder y el presidente francés Jacques Chirac, sustituidos por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, respectivamente. Además la propuesta de Zapatero de la Alianza de Civilizaciones presentada ante la Asamblea General de la ONU de 2004 como alternativa a la guerra contra el terrorismo del presidente Bush encontró poco respaldo internacional.
La oposición del PP: el «11-M» y la «estrategia de la crispación» thumb|left|150px|Eduardo Zaplana, portavoz parlamentario del PP El Partido Popular culpó de su derrota en las elecciones a la «manipulación» de la opinión pública durante los dos días siguientes al atentado del 11-M por parte del PSOE y de los medios de comunicación afines. Así, el PP cuestionó implícitamente la legitimidad del nuevo gobierno y exigió que se formara una comisión de investigación en el parlamento para determinar la autoría del atentado. El PSOE aceptó pero ampliando el objeto de la comisión al análisis de lo sucedido entre el «11-M» y el «14-M». Durante las sesiones de la comisión los portavoces del PP encabezados por Eduardo Zaplana asumieron la versión del «11-M» que fueron difundiendo dos medios de comunicación, el diario El Mundo y la cadena de radio COPE, según la cual detrás del atentado se encontrarían ETA y los servicios secretos de Marruecos y de otros países e incluso policías y agentes españoles afines al PSOE que se habrían ocupado de sembrar de pistas falsas la investigación con el objetivo de atribuirlo al terrorismo islamista y de esa forma derribar al gobierno del PP.
En octubre de 2007 el tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó el caso determinó en la sentencia que los autores del 11-M habían sido los islamistas radicales que se suicidaron en un piso de la localidad de Leganés un mes después de perpetrar el atentado cuando la policía los tenía completamente cercados.
La «ampliación de derechos» y la movilización de la Iglesia católica thumb|Manifestante del Foro de la Familia contra la ley del matrimonio homosexual. El gobierno de Rodríguez Zapatero llevó al parlamento una serie de reformas legales para la «ampliación de derechos» ciudadanos, algunas de las cuales encontraron una dura oposición por parte de los sectores conservadores, especialmente la ley del reconocimiento del matrimonio homosexual, la llamada ley de divorcio exprés —que agilizaba de los trámites del divorcio—, la ley de igualdad —que establecía garantías para asegurar la presencia «paritaria» de las mujeres en la vida pública y laboral— o la Ley de la Memoria Histórica —que reconocía a las víctimas del bando vencido en la guerra civil española, como ya lo hizo la dictadura franquista en su momento con las del bando vencedor—.
En las movilizaciones contra estas reformas tuvo especial protagonismo la jerarquía de la Iglesia católica en España, que contó con el apoyo del papa Juan Pablo II que llegó a «denunciar públicamente al gobierno de Zapatero por impulsar el laicismo y la indiferencia religiosa». Así diversas organizaciones católicas, como el Foro de la Familia, convocaron y encabezaron varias manifestaciones multitudinarias en «defensa de la familia» y de la «libertad religiosa», a las que dio su apoyo el Partido Popular.
Asimismo los obispos católicos —y también el PP— se opusieron frontalmente a la reforma educativa de la LOE promovida por el gobierno y especialmente a la introducción en las escuelas de la nueva asignatura de Educación para la ciudadanía por constituir, a su juicio, un «ataque a la moral» de los católicos y promover el «laicismo radical» que no «respeta la Constitución». Ni las concesiones que realizó el gobierno, por ejemplo en los contenidos de la nueva asignatura, ni el generoso acuerdo que se alcanzó para financiar a la Iglesia católica a través del Impuesto de la renta, sirvieron de mucho para poner fin a la movilización católica dirigida por los obispos e impulsada desde la Cadena Cope (propiedad de la Iglesia).
La polémica del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña thumb|180px|left|El socialista Pasqual Maragall, presidente de la Generalidad de Cataluña entre 2003 y 2006 y principal impulsor del proyecto de nuevo Estatuto. Después de muchos meses de intensos debates, el Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de septiembre de 2005, con el voto a favor de 120 diputados [los de PSC, ERC, ICV y CiU] y el voto en contra de los 15 diputados del PP, el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña en el que se afirmaba en su artículo 1.º que «Catalunya es una nación». Además se proponía un nuevo sistema de financiación que se aproximaba al sistema del concierto económico del que disfrutaban el País Vasco y Navarra; se ampliaban las competencias de la Generalidad y se «blindaban» para que el gobierno central no pudiera limitarlas mediante «leyes básicas»; y en fin se proponía una relación «bilateral» entre España y Cataluña que implícitamente reconocía la soberanía del «pueblo catalán». En seguida arreciaron las críticas contra la propuesta de nuevo Estatuto fundamentalmente por parte del PP y de los medios de comunicación afines porque suponía la instauración de un nuevo modelo «federal» o «confederal» del Estado que rompía abiertamente con la Constitución de 1978.