thumb|Trabajadores de una fábrica textil catalana thumb|Trabajadoras de la misma fábrica Los orígenes del movimiento obrero en España se sitúan en Cataluña en las décadas de 1830 y 1840 ya que era el único lugar de España donde existía una industria moderna, el sector textil algodonero. Allí se produjeron los primeros conflictos entre obreros y patronos y allí se fundó en 1840 el primer sindicato —sociedad de resistencia se le llamaba en la época— de la historia de España, la Asociación de Tejedores de Barcelona. También en Cataluña, tuvo lugar la primera huelga general en 1855, durante el bienio progresista —un periodo de extensión del movimiento a otras zonas de España—, y también en Cataluña se reunió el primer Congreso Obrero en 1865, seguido de otro en 1868, este último celebrado después del triunfo de la Revolución Gloriosa de 1868, que al reconocer por primera vez la libertad de asociación puso fin, al menos momentáneamente, a las persecuciones y prohibiciones que había sufrido el obrerismo incipiente durante los cuarenta años anteriores.
Con la formación en España de los dos primeros grupos de la Primera Internacional en 1869, uno en Madrid y otro en Barcelona, comienza una nueva etapa en la historia del movimiento obrero en España, en la que, como advierte Manuel Tuñón de Lara, «por vez primera, la conciencia de clase se expresaba a un nivel en que se ponía en tela de juicio la totalidad del sistema de relaciones de producción, instituciones y valores».
Últimos años del reinado de Fernando VII y regencia de María Cristina (1821-1840) Como primer conflicto de la nueva era industrial se suele señalar el motín de Alcoy del 2 de marzo de 1821, durante el cual fueron quemadas 17 máquinas de hilar. Los sublevados, unos 1200 hombres, exigieron además que se desmontasen las máquinas restantes. Se trató, pues, de la primera muestra de ludismo en España —y una de las primeras en Europa continental—. En 1823 eran destruidas varias máquinas de hilar y cardar en Camprodón lo que dio lugar a la promulgación al año siguiente de una Real Orden para prevenir actuaciones de este tipo.
Los primeros conflictos laborales modernos propiamente dichos tuvieron lugar en Cataluña pues era el lugar donde existía una industria moderna, la textil algodonera. Ya en 1827 los obreros se quejaban de que los patronos alargaban la longitud fijada de las piezas a tejer, lo que obligó a intervenir a las autoridades. Las mismas quejas se vuelven a repetir en 1831, a lo que los patronos contestan que los obreros no hagan fiesta los lunes y así ganarían más a la semana. De nuevo intervino la autoridad, que fijó la longitud máxima de cada pieza en 35 canas. thumb|Telar manual catalán En 1834 los obreros del sector textil vuelven a quejarse al capitán general de Cataluña sobre la práctica de los patronos de alargar la longitud de las piezas o de reducir los jornales. La Comisión de Fábricas responde que los obreros «holgazanean», pierden tiempo comiendo bocadillos y bebiendo vino, además de negar que los patronos estén disminuyendo los salarios «al menos en la generalidad». El capitán general reunió a dos representantes de la Comisión de Fábricas y dos de la Junta de Comercio para recomendarles que en lugar de alargar la longitud de las piezas cuando había crisis redujeran los días de trabajo a la semana. La misma reivindicación se volvió a repetir en 1835 aunque esta vez la Junta de Comercio, después de insistir en el principio de la «libertad de contratación» entre el «fabricante» y el «operario», reconoció los bajos salarios y que «en efecto, algunos pocos fabricantes han exigido mayor tiro del corriente a los tejidos». Durante las bullangas de Barcelona de julio y agosto se produjo el incendio de la fábrica Bonaplata por los amotinados, «convencidos de que los telares movidos por máquinas disminuían la producción del trabajo manual», según relató el gobernado militar, general Pastor. Cuatro obreros fueron fusilados como presuntos autores de los hechos y otros muchos fueron condenados a penas de prisión. Además el gobernador civil estableció unas bases de trabajo que incluían una Comisión inspectora de fábricas a la que debían dirigir los obreros sus quejas, sufriendo «la pena de ocho días de arresto» los obreros que en lugar de acudir a ella «moviese cuestión en la fábrica o fuera de ella a pretexto de que el fabricante no cumple lo mandado» en las bases de trabajo, y que si reincidía «será expelido de esta ciudad como hombre díscolo y perjudicial a la sociedad, se circulará aviso a todos los fabricantes para que no le admitan en sus fábricas, y si por sus hechos diese lugar a tumulto o asonada será entregado al tribunal competente como perturbador del orden público». Después del incendio de la fábrica de Bonaplata hubo otros casos de destrucción de máquinas, como en Sabadell en 1836.
En esos años tienen lugar los primeros intentos de formar sociedades obreras, como lo demuestran las repetidas quejas a la Comisión de Fábricas por parte de los patronos contra «los obreros díscolos» o los «obreros ingratos» y contra «una especie de complot para pedir alza de jornal» —referencia a lo que más adelante se llamará huelga—, lo que demuestra según Manuel Tuñón de Lara, «un nuevo estado de conciencia, caracterizado porque el trabajador siente la necesidad de asociarse para lograr» sus fines laborales o salariales. Al principio tuvieron un carácter temporal con una finalidad concreta, pero las comisiones obreras formadas para discutir las reivindicaciones con los patronos pidieron al capitán general de Cataluña que las autorizara para convertirse en asociaciones permanentes. También se dirigieron a los síndicos del Ayuntamiento de Barcelona. Así una comisión formada por tres obreros se entrevistó con ellos: «Hablaron de la facilidad que tienen los principales fabricantes de poder mancomunarse en un convite en la fonda de Gracia u otra parte, por razón de su reducido número, arrastrando su opinión la de los demás, al paso que los jornaleros para entenderse solamente necesitaban la mayor publicidad».
Regencia de Espartero (1840-1843) En febrero de 1839 se promulgó una Real Orden que autorizaba la formación de sociedades de ayuda mutua y beneficencia. Aprovechando esta nueva cobertura legal la asociación de tejedores que probablemente se había formado en el verano de 1839 y que contaba con unos 3000 miembros —y cuya actividad había dado lugar a un bando del jefe político de Barcelona del 23 de mayo de 1840 en que se prohibía «que se hagan suscripciones, ni se tengan reuniones para formar asociaciones» sin previo aviso de las autoridades— se constituye el 26 de septiembre de 1840 en Sociedad Mutua de Tejedores de Barcelona, presidida por Joan Munts. El 8 de diciembre se celebró la primera asamblea de la sociedad. thumb|Fábrica con máquinas hiladoras mule-jennies En aquel otoño de 1840 aumentó la tensión social. Las fuentes de la época constatan «las desavenencias y disturbios registrados de algún tiempo entre fabricantes y operarios, dando por resultado el cierre de muchas fábricas». Algunos industriales llegaron a atribuir los conflictos «a una mano oscura, pagada acaso por el extranjero, para hundir la industria catalana». Para hacer frente a esta situación se creó en noviembre una comisión de arbitraje, formada por representantes de patronos y obreros. Sin embargo, los obreros encabezados por Juan Munts dimitieron en marzo de 1841 por considerarla ineficaz.
La Sociedad de Tejedores se extendió fuera de Barcelona alcanzando los 15 000 afiliados, 7000 de la capital y 8000 de las localidades de la provincia, y sirvió de ejemplo para la constitución de sociedades en otros oficios, como hiladores y tintoreros. Como ha señalado Josep Termes, a partir de la fundación de la Asociación de Tejedores «nace un movimiento obrero societario, basado en las llamadas sociedades de resistencia, que calcan la estructura de los viejos oficios gremiales, pero rechazan su forma organizativa basada en la existencia de maestros, oficiales y aprendices, sustituidos todos ellos por la nueva categoría de obrero de fábrica y oficio, que es un asalariado».
Sin embargo, el gobierno del general Espartero, a quien los miembros de la sociedad de tejedores habían aclamado cuando entró triunfalmente en Barcelona en junio de 1840 tras su victoria en la primera guerra carlista, ordenó que las sociedades obreras se ciñeran estrictamente a sus fines de protección y socorro amenazando con penas de prisión para los que coartaran «la libre contratación de obreros y patronos», además de impedir las reuniones que no estuvieran autorizadas. La tensión que se vivió en Barcelona culminó con la prohibición de la Sociedad el 9 de diciembre de 1841, decisión que fue aplaudida por la Comisión de Fábricas mediante una carta enviada al general Espartero en la que le agradecían que hubiera atendido su petición «para cortar los males que amenazan a estas fábricas con la organización de la llamada Sociedad de jornaleros». Pero la Sociedad respondió con un llamamiento publicado el 22 de diciembre en el Diario de Barcelona que decía:
Pocos días después buscaron el apoyo del ayuntamiento, y finalmente consiguieron su objetivo pues el 29 de marzo de 1842 se promulgó una Orden por la que el regente Espartero volvía a autorizar la sociedad «a condición de que fuese apolítica y local».
Tras la sublevación de Barcelona de noviembre de 1842 que fue aplastada por Espartero ordenando el bombardeo de la ciudad, y en la que participaron muchos obreros, el capitán general de Cataluña acusó a «la Sociedad Mutua de Protección de Tejedores de ambos sexos… fundada en 1840 bajo el único y aparente carácter de una asociación filantrópica de recíproco socorro» de ser responsable de muchos de los sucesos y el 16 de enero de 1843 la declaró disuelta y además prohibió «toda otra asociación que hubiese de cualquiera otro ramo de la industria». Pero la sociedad mantuvo su actividad bajo la cobertura de la «Compañía Fabril de Tejedores de Algodón», constituida por los talleres cooperativos organizados por los tejedores el año anterior, gracias a un préstamo del Ayuntamiento, que fue autorizada en mayo de 1843. Estos talleres daban trabajo a 200 obreros y socorrían a 700 personas, pero a partir de 1844 comenzaron a sufrir pérdidas y acabaron siendo traspasados a una empresa privada en 1848.
El funcionamiento «clandestino» de la sociedad legalmente disuelta se volvió a plantear tras el fin de la revuelta de la «Jamancia» de Barcelona entre septiembre y noviembre de 1843 y en la que de nuevo habían participado activamente los obreros. Esta vez el propio presidente de la sociedad Joan Munts había mandado una de las compañías que formaron los sublevados. Así en la primera reunión que mantuvo el capitán general con las autoridades y corporaciones de Barcelona se trató de la subsistencia de «una Asociación de Tejedores para auxilios mutuos o fines benéficos, sin mezcla alguna de política…».
Década moderada (1844-1854) La sociedad de tejedores siguió funcionando «clandestinamente» en los años siguientes como lo prueba que fuera mencionada en octubre de 1845 por el jefe político de Barcelona para dirimir un conflicto laboral y que en 1850 un bando del gobernador amenazara a las «sociedades creadas sin autorización» con llevar a sus miembros ante los tribunales aplicándoles las leyes sobre las sociedades secretas. En otro bando amenazaba también a los perturbadores que «formen coaliciones con objeto de que no se trabaje». En 1852 un nuevo bando, esta vez del capitán general, advertía a los perpetradores de desórdenes y «crímenes» que serían juzgados por comisiones militares. Al año siguiente se reiteraba la prohibición de las «coaliciones» —el término empleado entonces para referirse a las huelgas—.